El agua como bien económico

Por su relación con la naturaleza la calificamos de recurso natural y por su importancia en la vida del hombre, de recurso vital. Esta consideración natural del agua predominó en tiempos muy lejanos de la historia de la humanidad. En la sociedad moderna, el agua, además de valor de uso, tiene...

Por su relación con la naturaleza la calificamos de recurso natural y por su importancia en la vida del hombre, de recurso vital. Esta consideración natural del agua predominó en tiempos muy lejanos de la historia de la humanidad. En la sociedad moderna, el agua, además de valor de uso, tiene ahora valor de “cambio”. Decimos, en rigor, el uso del recurso se convirtió, directa o indirectamente, en “mercancía” y por tanto en un bien económico. Frente a esta nueva realidad, “La Agenda 21 y los Principios de Dublín situaron el concepto del agua como bien económico y social en la agenda global y han recibido una gran aceptación de parte de los profesionales del mundo hídrico.” (GWP/TAC, No. 2, 2001). Con esta declaración se trató de poner el recurso agua en una nueva dimensión: un bien económico al servicio del hombre pero con una alta responsabilidad social. Su uso económico obliga la aplicación de instrumentos también económicos que deben tomar en cuenta no solo los costos financieros, sino también los económicos y ambientales, para alcanzar un uso eficiente y sostenible. Por la condición especial del agua de ser un bien económico, un bien natural, vital y de dominio público; que como riqueza nacional participa en el mercado, el Estado deriva en la obligación de proteger, controlar y regular su adecuada utilización por medio de medidas de política económica que estimulen su buen uso y castiguen su depredación. Sin embargo, no todo el tiempo los gobiernos logran, por si solos, que las instituciones del sector hídrico, sobre todo aquellas que tienen la función de producir servicios a los usuarios del agua, -sean públicas o privadas- tomen conciencia de las implicaciones de esta condición económica del agua y actúen en consecuencia. Otro aspecto que está comprendido en la condición del agua como bien económico, es que su asignación o uso como recurso, en gran medida, queda sometido a las fuerzas del mercado. Según la teoría clásica, las leyes de la oferta y la demanda, en condiciones de libre concurrencia, definirían el precio de eficiencia para cada uno de sus usos. Siguiendo el modelo de Adam Smith, la “mano invisible” se traduciría en un “precio justo” y una distribución eficiente que coincide con los deseos colectivos de la sociedad.Sin embargo, la realidad que ha ido imponiéndose continuamente en muchos países, es que el mercado del agua, ha adquirido la condición de mercado “imperfecto” donde predominan las “fallas del mercado”, es decir, que en lugar de propiciar la eficiencia y la equidad social en la asignación del recurso, los precios son especulativos y excluyentes y la explotación del mismo se produce sin consideración a las externalidades económicas y medioambientales. Es fácil observar que derivado del uso del agua se produce contaminación y deterioro de otros recursos naturales como el bosque, la tierra, las fuentes y las cuencas hídricas sin que se cuantifiquen los costos y se generen recursos financieros para la adecuada gestión del recurso, su gobernabilidad y sostenibilidad. Se hace necesario entonces, tomar conciencia que siendo el agua un bien económico, sujeto a los defectos del mercado con sus efectos sociales adversos, es también un recurso natural y vital para el equilibrio social, que debe ser gestionado con un tratamiento integral y sostenible. Habiéndose tomado conciencia del hecho, “la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro, en junio de 1992, descubrieron el cuadro sombrío de los recursos hídricos globales” (GWP, 2006). Como resultado, en este evento, se exigieron mecanismos para coordinar y promover la práctica de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), enfoque que propone, mediante el diálogo social y la toma de conciencia, alcanzar una buena gobernabilidad, equidad y sostenibilidad ambiental del recurso. Por eso, ante la ausencia de mecanismos efectivos para privilegiar el uso del agua que evite la exclusión social, la iniciativa de alcanzar los Objetivos del Milenio (ODM) se propuso también invitar a los países, en este tema, a hacer un esfuerzo adicional de reducir a la mitad la población sin acceso al agua potable y saneamiento adecuado para el año 2015. No obstante estas expectativas, aún está presente el riesgo en el sector hídrico que: “el dialogo no pueda alcanzar los hechos”. *Sergio A. Núñez es economista

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