Los ángeles caídos

Se cree, por ejemplo, que los jueces actúan con justicia, que los fiscales son acuciosos pero respetuosos de las leyes y de las normas y que los abogados aplican lo mejor de sus conocimientos en la defensa de sus clientes. La realidad, sin embargo, generalmente no corresponde a esa imagen idealizada.Quien nos hizo notar esto, sin eufemismos ni delicadezas, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce (abogado él), al afirmar esta semana que existen estudios que demuestran que la corrupción en el Ministerio Público es mucho mayor a la existente en el Poder Judicial. Es decir, hay corrupción en ambos, pero en el Ministerio Público, al menos según Arce, la corrupción es mayor.Ministerio Público es la entidad estatal que, en un estado de Derecho democrático, tiene la representación de los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la investigación de los hechos que revisten los caracteres de delito de orden público (que afectan a la sociedad en su conjunto).Se dice en teoría que el Ministerio Público es parte formal y no material, y que carece de interés parcial (como un simple particular) y por lo tanto debe poseer una parcialidad que encarna a la colectividad (al Estado) y que exige, por tanto, que sea un fiel reflejo de la máxima probidad y virtud cívica en el ejercicio de sus atribuciones y en el cumplimiento de sus deberes. Eso, en teoría.En la práctica y según la denuncia de Arce, se han visto “casos realmente terribles en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde los representantes del Ministerio Público en muchas ocasiones actúan discrecionalmente, priorizando algunos procesos en perjuicio de otros, lamentablemente muchos actúan bajo el manto de la corrupción”. Lo que Arce parece no conocer es que esos casos se multiplican en el resto del país, y Tarija no es la excepción. Aquí hay muchos indicios (esta casa periodística los está investigando en base a denuncias anónimas que le llegan) de verdaderos consorcios de jueces, fiscales y abogados a los que se suman incluso parlamentarios en ejercicio, para extorsionar a políticos y empresarios.Así estamos y no hay motivo para dudar de lo que dice Héctor Arce, máxime siendo  un potencial encargado de la Presidencia de la República, si volvieran situaciones que Bolivia ya ha vivido en un pasado reciente y que todos deseamos que no se repitan.  Por lo anterior, dijo Arce, se ha previsto crear una dirección que anualmente evalué en cada distrito a cada uno de los fiscales, porque si hay un fiscal que recibió 200 causas, sólo imputó luego ocho causas y de esas acusó dos, entonces algo está mal y fallando, por lo que ese fiscal debe dar paso a un costado”. Así lo dijo él, pero nosotros preferiríamos que en vez del generoso “paso al costado” se procese al fiscal y se lo sancione, aunque como está el Poder Judicial tampoco hay certeza de que eso funcione.Pero el excesivo poder discresional de fiscales y jueces en materia penal se los ha dado nada menos que la nueva Constitución Política del Estado y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz al convertir todos los presuntos delitos que causen “grave daño al Estado” en imprescriptibles, sin discernir qué es un “grave daño” ni precisar contra que autores (autoridades electas, como Presidente, Vicepresidente y ministros, por ejemplo) se aplica la imprescriptibilidad. Su generalización en ambas vertientes ha causado efectos devastadores en tan solo un año de vigencia de la ley.En los hechos, dada la bajísima formación profesional y calidad ética de buena parte de los abogados que ejercen cargos de jueces y fiscales (hay excepciones, pero muy excepcionales, por cierto), la CPE y la Ley MQSC han puesto en manos de gente inescrupulosa una excelente arma que ha resultado ser extorsiva (imprescriptibilidad de delitos que causen “grave daño” al Estado), que ya está causando estragos en todo el país. El primer síntoma es el miedo paralizante de casi todos los funcionarios públicos que deben tomar decisiones. Sus actos pueden, a capricho, ser considerados dañinos para el interés del Estado y, como consecuencia, temen ser sometidos a infinitos procesos de por vida. Frente al riesgo, prefieren no tomar decisiones. Ergo, Bolivia se va al despeñadero, pero con la cara de contentos de quienes creen haber estado “luchando contra la corrupción”, cuando, en realidad, ha puesto en manos de gente corrupta su destino.Por supuesto que nada de esto imaginamos cuando defendemos la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la cual, a la luz de la experiencia y la realidad nacional, debe ser modificada urgentemente, al igual que la nueva Constitución. El primer paso es definir que se etiende por “grave daño al Estado”. El segundo, limitar la imprescriptibilidad a delitos que cometan altas autoridades ejecutivas que deciden sobre aspectos relevantes de la vida económica del país. Aprobar una orden de cambio para mejorar el alcance de un servicio de alcantarillado, que para un fiscal puede, a capricho, ser considerado dañino, no pude castigarse con la misma vara que firmar contratos petroleros violentando el régimen de recursos naturales de la CPE, por ejemplo. La realidad es que la corrupción judicial, que es de las peores, es ahora el pan de cada día y está tomando ribetes escandalosos. Pronto habrá noticias de ello y nada menos que desde Tarija.Con razón se dice que algunas leyes parecen haber sido hechas para “un país de ángeles”. No sobra recordar que los demonios, según la mitología, no son sino “ángeles caídos”.