Construcción: palos para unos y zanahoria para otros

en pleno Congreso Nacional de las Cámaras de la Construcción que se realiza en Tarija desde ayer, y en el cual participan más de 65 empresas de todo el país, es nada menos que la expresión de perplejidad que cualquier ciudadano digno de éste país siente cuando hay una injusticia palpable.Han sido testigos de esa expresión el representante de la Corporación Andina de Fomento (CAF) en Bolivia, el Presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y el Viceministro de Vivienda, invitados al Congreso constructor.Y la respuesta a esa gigantesca interrogante, que ahora se da en el rubro de la construcción (porque manifestaciones de un trato injusto son varias en distintos rubros de la actividad económica nacional, incluyendo las empresas ‘estratégicas’ como YPFB), no parece ser muy difícil de encontrarla. Queiroz Galvao y OAS tienen un presidente y un gobierno que no sólo las protege, sino que, además, las impulsa. En Bolivia, por el contrario, el gobierno no parece creer en la actividad privada como coimpulsora del crecimiento armónico del país junto a las empresas estratégicas como Comibol, YPFB, ENDE o Entel, por ejemplo.Hace poco ha sido el propio presidente Evo Morales el que deslizó una certeza al respecto, cuando anunció, también en Tarija, que proyecta conformar una empresa constructora estatal a la que se encarguen obras viales. Si sumamos las iniciativas - lamentablemente fracasadas hasta ahora - como Papelbol, Cartonbol, y otras similares, no es muy difícil concluir que, en los hechos, los actuales gobernantes no creen en la iniciativa privada. Y es obvio. Ni Evo Morales ni Alvaro García Linera han generado una sola empresa privada productiva y, en consecuencia, ni una sola fuente de empleo.Pero, ¿porqué éste mismo gobierno ‘perdonó’ - usando el pertinente término de Succi - a Queiroz y OAS y, por el contrario, aplican con rigor todo tipo de sanciones y procesos contra empresarios bolivianos sobre, en muchos casos, dudosos incumplimientos (muchos de ellos tienen visos de inventos que buscarían fines obscuros)? ¿Porque la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz no alcanza a las empresas extranjeras?Es el propio Estado boliviano el que toma decisiones que tienen efectos económicos concretos en los contratos de obra. El ‘gasolinazo’ de diciembre de 2010 provocó una inflación inducida que los precios de los contratos de obra no pueden absorber sin provocar pérdida al contratista. Esto deriva, a su vez, en paralizaciones. ¿Quién es el primer responsable del problema concreto? ¿No es acaso una acción del gobierno que repercute negativamente no sólo en contra de la economía del constructor, sino, también, en contra de la economía del Estado?Las ‘flexibilidades’ y reajustes de precios de obra a favor de las brasileñas Queiroz y OAS son, para terminar, la expresión más clara y cruda respecto del voraz ‘subimperialismo’ brasileño que se alimenta, a su vez, de las dádivas de gobernantes bolivianos que persisten en regalarle los licuables del gas tarijeño que se industrializa en el vecino país y enriquece a poderosos empresarios brasileros.