Tormenta Repentina

Siendo que el sistema económico boliviano, como cualquier otro sistema, está sustentado por instituciones políticas y económicas en las que se desenvuelven los actores sociales y tienen comportamientos interdependientes, es decir, las acciones de unos influyen en el comportamiento de los otros, constituye una paradoja espinosa de descifrar cómo los intereses de la administración gubernamental pudiesen estar en franco conflicto con las demandas de los trabajadores.El problema surge del compromiso del gobierno de garantizar el bienestar social. Al haber sido las demandas de los movimientos sociales el instrumento que facilitó y legitimó la llegada del MAS a la presidencia, el gobierno adquirió la responsabilidad de crear un aparato estatal benefactor, para lo cual necesita incrementar sus ingresos fiscales y conseguir los suficientes recursos para sostener sus políticas sociales de subsidios y bonos. El intento de incrementar el precio de los hidrocarburos afectó directamente a los precios de los bienes y servicios, particularmente de los alimentos desatando un proceso inflacionario, con el consiguiente malestar de la población.Todos sabemos que ni las familias,  ni las empresas y tampoco el Estado pueden gastar eternamente más de lo que reciben, y si continúan haciéndolo, el resultado  es la bancarrota. Si bien el gobierno puede imprimir billetes para pagar sus caprichos por un tiempo, esto degrada el valor del dinero y termina en el colapso financiero. Mayores transferencias al sector privado por medio de precios de insumos subsidiados, significa la descapitalización de las empresas estatales y por tanto la posibilidad de generar déficits públicos, y si los trabajadores del sector público, exigen salarios mayores, afectan directamente a los ingresos del Estado, que ve mermadas sus posibilidades de inversiones futuras, lo que frenaría la expansión productiva, otro de los objetivos del gobierno, comprometido con la reactivación productiva y el desarrollo industrial. Por otro lado, cuando los trabajadores del sector privado, exigen salarios mayores, arriesgan sus fuentes de empleo al reducir el rendimiento de la inversión, además de desincentivar futuras inversiones en el país. Se supone que el gobierno tiene objetivos propios, que con frecuencia tratan de favorecer a los intereses de los movimientos sociales, sin embargo, al surgir compromisos para ampliar la producción, y al mismo tiempo legitimarse ante las masas, se generan conflictos, de lo que podemos concluir que las tormentas sociales no surgen de la nada, y algunas se pueden evitar con mucho esfuerzo y algo de suerte.