Empresas estatales

Lo que sí es nuevo y propio del régimen de Don Evo es la manera de hacer las cosas, en concreto, las amenazas y la persecución de ciudadanos, sean políticos, empresarios o profesionales que de alguna manera  disienten de la política masista.   El jueves pasado, el ministro de de Economía...

Lo que sí es nuevo y propio del régimen de Don Evo es la manera de hacer las cosas, en concreto, las amenazas y la persecución de ciudadanos, sean políticos, empresarios o profesionales que de alguna manera  disienten de la política masista.

 

El jueves pasado, el ministro de de Economía y Fianzas anunció la reversión de todas aquellas empresas que, habiendo pertenecido al Estado en un momento dado, fueron transferidas al sector privado. Se refirió en concreto a la reversión del 33,34 por ciento de las acciones que la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) tenía en Fancesa, situada en Chuquisaca. Para redondear la operación, el MAS anunció una investigación sobre posibles irregularidades del principal accionista de Soboce, Samuel Doria Medina.

 

Entre aquellas empresas que pasarán manos del Estado hay de todo. Desde plantas de leche,  hoteles, agua, cerámica, una línea aérea o una planta de ají. No todas esas empresas funcionan, aunque podrían operar si fueran correctamente administradas por gente idónea y honrada. Quienes hasta ahora han administrado estas empresas tendrán que preparar sus valijas y entregar los papeles a quienes al Gobierno señale con su dedo omnipresente.

 

Tras los anuncios del ministro Luis Arce, de inmediato saltó la protesta de Soboce cuyos ejecutivos calificaron la decisión gubernamental como “arbitraria expropiación, abuso de poder así como de haber cometido gravísimas irregularidades procedimentales y flagrantes injusticias”. Doria Medina que llegó el viernes del extranjero, manifestó que el valor del 33,34 por ciento de las acciones de Fancesa, tienen un valor actual de 80 millones de dólares y calificó la decisión gubernativa como “absurda e injusta”. Lo que sí puede temerse es que, siendo Doria Medina el fundador y jefe del partido Unidad Nacional, no podrá esperar un trato justo en sus demandas. La política de intimidación, amenaza y sanción están a la orden del día.

 

En un párrafo anterior mencionaba la generalizada ineptitud del Estado para administrar bien el patrimonio del pueblo. Uno de los casos flagrantes que se viene a la memoria es el traspaso de lo que fue el Servicio Nacional de Caminos (SNC) a la nueva criatura masista llamada Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Siendo Bolivia un país que, desde años atrás, carece de una red nacional de caminos al servicio del desarrollo socio-económico. Una vez que se despidió injustamente al presidente del SNC y en el año 2006 se creó la ABC, la criatura neonata fue incapaz de construir un camino en su totalidad, es decir, desde la adjudicación hasta la entrega. Construyó algunos tramos incompletos y algunos puentes, pero no la totalidad del trazado previsto. Si esto es administrar debidamente el patrimonio del pueblo boliviano, explíquenmelo en buen castellano.


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