Potosí, el “proceso de cambio” que no es

Cuando la minería es una actividad estratégica, sin su respectiva industria metalúrgica, y cuando la explotación de los hidrocarburos no puede generar ni siquiera una fábrica respetable de motores a gas, el problema es de fondo.

La población de Potosí lleva más de 2 semanas de huelga general y bloqueos de caminos en el departamento, comienzan a faltar alimentos y el gobierno insiste en que levanten sus medidas de presión como condición para “dialogar”.

Pero qué pide la población de Potosí. La delimitación de dos comunidades Quillacas (Oruro) y Coroma (Potosí), ambas con yacimientos de piedra caliza que también concentran oro, litio, cobre y uranio. Aunque el lío tiene décadas, los pobladores escucharon que Irán está interesado y presto a explotar el uranio del lugar. La creación de una fábrica de cemento para industrializar esos minerales redondea las peticiones con la expectativa de generación de empleo.

El otro pedido es para poner a funcionar la planta metalúrgica de Karachipampa que fue entregada en 2008 a la canadiense Atlas Precious Metals. La construcción de un aeropuerto, la preservación del Cerro Rico de Potosí (agujereado internamente por incontables concesiones mineras) y la construcción de carreteras.

En síntesis los pobladores piden la industrialización tan prometida por Evo Morales en tiempos electorales, pues se entiende que por ahí puede llegar el empleo, los salarios y mejores condiciones de vida. Nada extraño si se considera que las poblaciones más remotas del departamento no tienen ni electricidad ni gas en los amaneceres invernales de 20ºC bajo cero.

No se trata sólo de promesas electorales incumplidas, sino de la imposibilidad de generar desarrollo económico en el país debido a las ataduras de la economía a las transnacionales del imperialismo, algo que no ha cambiado en el “proceso de cambio” de Evo Morales.

Lo cierto es que más allá de las demandas de los pobladores, de los sueños de la burguesía nacional, de los anuncios de industrializar el país existe una imposibilidad de generar una industria nacional (con el Estado o sin él) debido a la fuerte presencia del imperialismo en todas sus formas y manifestaciones: desde el imperialismo yanqui cuyo gobierno financia más de veinte proyectos del Plan Nacional de Desarrollo de Evo Morales, hasta los grandes capitales en consorcios multinacionales que se han adjudicado la explotación de distintos recursos naturales.

Potosí ha aportado históricamente con recursos minerales al mundo. El sistema colonial implantado en América fue determinante para la acumulación originaria de capital en el naciente sistema capitalista inglés y europeo. Aún actualmente sufre el saqueo de sus recursos minerales por capitales imperialistas (por ejemplo la Minera San Cristóbal, subsidiaria de Sumitomo de Japón; el “proyecto” San Bartolomé, subsidiario de Coeur d’Alene Mines Corporation; y otras mega-saqueadoras).

A pesar de ello es uno de los departamentos más pobres y más contaminados del país. Según los datos oficiales, la pobreza bordea el 80%, el índice de mortalidad infantil alcanza a 135 por 1000 y el analfabetismo es de 30,8%. Las condiciones de trabajo en la minería informal son muy duras para hombres, mujeres y niños obreros (las transnacionales emplean poca mano de obra), y se resiste masticando hoja de coca y tomando alcohol.

La alarmante pobreza ha hecho que los pueblos fronterizos tengan economías ligadas al contrabando, en otros casos pueblos íntegros migran a pedir limosna en las calles de las ciudades del eje del país, en otros casos la población se traslada a Argentina o el norte de Chile a vender su fuerza de trabajo muchas veces en condiciones de cuasi esclavitud.

Por eso no es novedad un conflicto de estas proporciones. Los dirigentes del Comité Cívico de Potosí aseguran que hace tiempo vienen conversando con el gobierno sobre estos problemas, pero no tienen resultados en sus demandas reivindicativas.

En su imposibilidad de generar la tan anunciada industrialización, el gobierno de Evo Morales apuesta a debilitar a la movilización por cansancio, ensaya dividir a los actores sociales, condiciona el inicio del “diálogo” a parar las medidas de presión y amenaza con perseguir con la justicia a los movilizados. Pero el pueblo también tiene armas para presionar, la última información reporta que un ayllu ha cortado la electricidad a la todopoderosa San Cristóbal.

La contradicción latente entre los sectores populares y el Estado vuelve a reactivarse porque uno de sus componentes ha despertado.