¿Hidroeléctricas?

Habíamos sugerido, con muchísima anticipación, que, tratándose de energía, en ese evento y en otros similares debería estar una representación idónea de  Tarija. Parece que la sugerencia cayó en saco roto.

Como criticar o censurar, además de estéril, parece que ya no hace mella, tratemos de profundizar un poco, por nuestra cuenta, en ese tema tan importante y lamentablemente tan poco atendido por quienes deberían: las autoridades departamentales

Bolivia está en mora de concretar grandes reformas del sector energético, que es inseparable de la tan anunciada industrialización del país, para sacarlo del modelo extractivista, que solo aberrantes inequidades sociales le ha deja hasta ahora.

Después de la nefasta capitalización/privatización, se estatizó gran parte del sector energético y aunque surgieron los previsibles reclamos de los afectados, otros, muchos, nosotros entre ellos, depositamos  confianza y hasta optimismo en la capacidad estatal para administrar este y cualquier otro sector, especialmente los “estratégicos”.

Percibimos, sin embargo, relativamente poca planeación y alguna dispersión en anteproyectos, que aluden a energía eólica unas veces, térmica como en Laguna Colorada en otras y ahora con respetable entusiasmo a anteproyectos de energía hidroeléctrica (en una dimensión mega, además).

Eso estaría bien si no existiera el temor de que la proyectada expansión en la generación y exportación de electricidad se cumpla en desmedro de la atención al desarrollo económico interno y con escasa consideración de probables impactos socio-ambientales en las regiones donde estarían las “mega hidroeléctricas”. En la cuenca amazónica principalmente.

Los proyectos de las represas de gran alcance pueden causar cambios ambientales irreversibles, en un área geográfica muy extensa. Tienen el potencial de causar impactos importantes y eso ha hecho que aumente la crítica contra estos proyectos.

Los críticos más severos sostienen que los costos sociales, ambientales y económicos de estas represas pesan más que sus beneficios y que, por lo tanto, no se justifica la construcción de las represas grandes. Otros mencionan que, en algunos casos, los costos ambientales y sociales pueden ser evitados o reducidos a un nivel aceptable, si se evalúan cuidadosamente los problemas potenciales y se implantan medidas correctivas.

Y ahí es donde encajan nuestras preocupaciones. No percibimos que estos proyectos estén avanzando con esa cuidadosa evaluación que se recomienda. Y que tales evaluaciones sean suficientemente socializadas.

Tienen la obligación de ocuparse de eso las autoridades: nacionales, departamentales, municipales, etc., pero también otros actores sociales, como las universidades los gremios empresariales y sindicales y, sin excusa, los medios de comunicación social.

Por eso lo estamos haciendo.