¿Vamos al Pacto Fiscal?
Habíamos sostenido que el pacto fiscal debió suscribirse en forma simultánea con la definición de competencias para los niveles en los cuales será administrado el Estado, o sea nivel central y los autónomos departamental, regional, municipal y el aún poco entendido (y poco explicado)...
De entrada y sin ningún tipo de discreción ni decoro, comenzó la pugna por el reparto de recursos financieros, como si de eso se tratara el pacto fiscal. Un tira y afloja para tratar de obtener una tajada más grande de una torta que nadie sabe cómo ni con qué se hará.
Esos intentos de repartija tienen aún ofuscado al país aunque, felizmente, poco a poco, en forma incipiente, se habla ya, o por lo menos se susurra, sobre ese bendito (ojala lo sea) pacto fiscal.
El pacto fiscal constituye un acuerdo nacional sobre el monto, origen y destino de los recursos con que debe contar el Estado para cumplir con sus funciones, según lo establecido, en este caso, en la Constitución Política del Estado Plurinacional
Implica la necesidad de acuerdos nacionales sobre el estilo de sociedad que se desea construir y sobre principios y compromisos recíprocos del Estado y de los ciudadanos y ciudadanas acerca de los temas de política fiscal.
La política fiscal se enmarca en los preceptos constitucionales relacionados con el régimen económico y social. Permitiendo al Estado promover, orientar y proteger la producción nacional, propiciar una equitativa distribución del ingreso y contribuir, por medio del gasto social, a aliviar la situación de los sectores más empobrecidos.
El Pacto Fiscal también implica contribuir a la estabilidad macroeconómica mediante un equilibrio de los ingresos y gastos del Estado y permite definir una política fiscal de largo plazo con visión de país, que reducirá la incertidumbre mediante la definición de reglas claras y estables.
El Pacto Fiscal debe ser visto como un proceso de largo plazo, el cual define las grandes líneas de acción, los principios rectores y los mecanismos de participación social, es decir, marca la direccionalidad a seguir, en la cuál se debe regir la política fiscal de largo plazo y con visión de nación.
Esto último es lo prioritario: La visión de Nación y en eso lo no negociable es la Unidad Nacional, sin sofismas. Rotundo y categórico.
Lo otro, no menos importante, es la política fiscal, macroeconómica clara y eficiente. ¿Vamos a seguir siendo un país extractivista? ¿Vamos realmente a orientarnos a la industrialización? ¿Cómo? ¿Con capitalismo de Estado?
No son respuestas fáciles y no pueden venir de arriba, hay que encontrarlas desde abajo y desde adentro. Tienen que ser el resultado de un verdadero y democrático Pacto Fiscal.
