Petróleo y medio ambiente

Ambos son muy importantes y en ambos Tarija puede y debería fijar posiciones legítimas, bien fundamentadas, producto de debates serios, con la mayor participación social posible y principalmente con visión patriótica.

En el caso del medio ambiente, porque Tarija es el mayor productor de gas de petróleo en Bolivia y todo lo que atinja a ese tema le incumbe inexcusablemente. Pero no solo para expresar las posturas de sus autoridades, sino la de la mayoría de los actores sociales (si no todos, que sería lo ideal)

Es inquietante la proximidad de los yacimientos petroleros en actual explotación con una de las  reservas naturales más valiosas y más vulnerables: la del Parque Nacional Aguaragüe, ubicado en la provincia Gran Chaco y que en sus 108.307 hectáreas protege una significativa porción de Selva de Montaña y Chaco Húmedo con especies de flora y fauna poco comunes y por lo tanto importantes para el patrimonio nacional de biodiversidad.

En el Aguaragüe, además, se acogen las principales fuentes hídricas que proveen de agua a las ciudades más pobladas del Chaco tarijeño como Yacuiba, Villa Montes y Caraparí. ¿Quién y cómo debe ocuparse del impacto ambiental y cómo incorporar esos criterios en la nueva Ley de Hidrocarburos, que todavía está en estudio?

Un analista del tema, (Gustavo Rodríguez), sostiene que  este es un asunto que no puede ser resuelto sólo por el Gobierno, por mucho apoyo que tenga el mismo.

En la Constitución se establece que los recursos naturales (todos, no sólo los hidrocarburos) son del pueblo boliviano y el Estado es sólo un administrador, entonces el pueblo boliviano en su conjunto, no sólo los indígenas, debiera ser el que defina en qué regiones se realiza actividad petrolera y en cuáles no, en qué medida se contamina una zona y si vale la pena contaminarla. El proyecto de ley –señala Rodríguez- ni siquiera se acerca a tocar estos temas.

Se ha sugerido que quien se responsabilice de los estudios de impacto ambiental sea YPFB, pero los objetivos de YPFB son explorar, explotar, refinar, comercializar, distribuir hidrocarburos, todas esas actividades son reñidas con el cuidado del medio ambiente; en otras palabras, el objetivo de YPFB es obtener la mayor cantidad de ingresos para el país, no cuidar el medio ambiente, por eso mismo no puede ser juez y parte, debe ser otra instancia, estatal por supuesto, que se haga cargo de los estudios de impacto ambiental, de su seguimiento y control, y de la verificación de su cumplimiento.

Ahí debe hacer efectiva su presencia el pueblo tarijeño, en forma operativa y no simbólica. Está en su derecho, pero, además, está en el deber patriótico de hacerlo.

Para comenzar a vivir la autonomía, que es el otro  tema fundamental pendiente de análisis.