Gobernadores suben el tono y exigen mayor coparticipación

La difusión de un comunicado por parte del Ministerio de la Presidencia – cuyo titular ha viajado a España con el presidente Rodrigo Paz – acabó por dinamitar la paciencia de la mayoría de los gobernadores que el pasado viernes recibieron la propuesta de incluir un “1% de coparticipación tributaria” en el marco del proceso “50-50”, valga la ironía.

Solo dos gobernadores – Luis Revilla de La Paz y Jesús "Tito" Égüez Rivero, del Beni – curiosamente los dos parte de la alianza Patria que patrocinó el gobierno en las subnacionales de marzo – han avalado el acuerdo mientras que el resto, particularmente María René Soruco de Tarija y Juan Pablo Velasco de Santa Cruz, pero también Edgar Sánchez de Oruro y Leonardo Loza de Cochabamba, han criticado el afán centralista y cerrado de los negociadores del gobierno después de más de tres meses negociando en múltiples mesas técnicas.

En Santa Cruz, Velasco ha estado especialmente activo y ya ha encontrado el aval del Comité Cívico para movilizar en la exigencia de alcanzar un Pacto Fiscal definitivo que permita a las Gobernaciones ejercer su autonomía. También en Tarija se analizan acciones en rechazo de un monto que consideran “burla”.

“El compromiso alcanzado en agosto hablaba de llegar al 15% en 2031, pero es irrisorio partiendo de un 1%” señaló el secretario de Finanzas de la Gobernación de Tarija, Fernando Romero, que más allá de hacer cálculos, considera que es necesario activar la voluntad política para cumplir con el compromiso que será positivo para una gestión más eficiente en todo el Estado.

Acuerdo “trampa”

El ministerio de la Presidencia difundió un comunicado con cinco supuestos acuerdos alcanzados, algo que es taxativamente negado desde las Gobernaciones. El plazo límite será el 6 de noviembre, donde las gobernaciones manden la propuesta de proyecto de Ley con un piso mínimo dentro de una fórmula de cálculo razonable.

Los cinco supuestos acuerdos tienen una forma de redacción que ya ha generado las primeras contradicciones.

Por ejemplo, el primero de los acuerdos habla de asignar un 1% de la coparticipación tributaria a las Gobernaciones del 75% que administra el gobierno – el otro 25% los manejan municipios y universidades -. En principio se entendería que se refiere al 1% del 75% de los 14.000 millones que se recauda por los siete impuestos coparticipables – IVA, RC-IVA, IUE, etc., - es decir, poco más de 105 millones de bolivianos. Sin embargo, la torta en más grande si se consideran todos los impuestos – 40.000 millones de bolivianos – y hasta de 52.000 millones de bolivianos si se le añaden los ingresos de la Aduana. Los cálculos estimados por algunos gobernadores hacen referencia a estas cantidades.

El segundo acuerdo hace referencia a transferir el dominio tributario del Régimen Agrario Unificado, el RAU, a las Gobernaciones, un ingreso que en Tarija particularmente se consideraría testimonial.

El tercero condiciona la asignación de la coparticipación a financiar los ítems del crecimiento vegetativo de Salud, algo que se considera intolerable desde las Gobernaciones, ya que el pedido de la asignación de coparticipación siempre fue para poder financiar competencias ya transferidas e infradotadas y por ende, de libre disponibilidad.

El cuarto es un vago compromiso sobre estudiar las mejoras de la coparticipación departamental si mejora el país.

Y el quinto contiene una bomba: “Incorporar al sistema de impuestos coparticipables las Alícuotas Departamentales Adicionales, que serán definidas por cada departamento”. En otras palabras, el gobierno autoriza subir los impuestos coparticipables si las Gobernaciones asumen el desgaste que ello supone además de abrir una puerta a la competencia y desigualdad entre bolivianos, que podrían pagar 13% de IVA en un departamento y 16% en otro.

Por el momento las gobernaciones descartan participar de un incremento de impuestos en el país. “Estamos en un momento de crisis, se viene una recesión y no se puede pensar en cargar con más impuestos a los ciudadanos” señala Romero convencido de que el camino está en hacer más eficiente el gasto siendo administrado desde las regiones.

Mientras tanto, el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, objetivo de buena parte de las críticas de Velasco, aseguró que no existe excedente para redistribuir. “Deberían decirnos de dónde les vamos a dar (recursos para el 50/50). Si pretenden restarle algo para darle a alguien es que le vamos a quitar salud, educación, infraestructura que el Gobierno viene realizando. O, (quitamos) el sostenimiento a los organismos de seguridad del Estado como la Policía, las Fuerzas Armadas”, dijo Santamaría.

La reforma tributaria pospuesta del FMI

Aunque la reforma tributaria suele ser un clásico en los acuerdos entre gobiernos y Fondo Monetario Internacional (FMI) para apuntalar los ingresos fiscales, sin embargo en el caso de Bolivia se ha postergado, pero no olvidado.

El acuerdo de política económica con el Fondo hace una referencia a un futuro compromiso para una reforma fiscal acorde con los objetivos trazados, aunque apenas da mayores detalles.

Por lo general el FMI suele prescribir un incremento del IVA – el menos progresivo de los impuestos – e incentivos en los tributos homologables al IUE y el RC – IVA. En Bolivia sin embargo el problema se suele situar en la pequeña base de aportantes, que no crecerá con incrementos.