El “50-50” se atasca en la coparticipación, que irá por Ley

La “promesa” del 50-50 dio este lunes un nuevo paso en Cobija, pero también dejó al descubierto su principal incertidumbre: la redistribución de los recursos fiscales, el componente que puede cambiar de manera estructural las finanzas de las gobernaciones, dependerá de una ley que todavía debe negociarse y pasar por la Asamblea Legislativa, donde cada bancada tiene sus propios intereses.

Tras la reunión entre el Gobierno nacional y los gobernadores, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, anunció que el Ejecutivo presentará una propuesta normativa hasta el 30 de octubre. El documento será discutido con las autoridades departamentales y el anteproyecto de ley está previsto para su presentación oficial el 6 de noviembre. El Presupuesto General del Estado se debe aprobar hasta el 31 de octubre, por los que los plazos se hacen cada vez más inviables.

El acuerdo establece que los equipos técnicos continuarán trabajando en un proyecto de ley especial de coparticipación tributaria y distribución de recursos fiscales, bajo criterios de sostenibilidad fiscal, estabilidad macroeconómica, régimen competencial y eficiencia en la asignación de recursos.

El problema es el tiempo. Las fechas anunciadas corresponden a la elaboración y presentación de la propuesta, no a su aprobación ni a la entrada en vigor de un nuevo esquema de distribución que por cierto no cuenta con el visto bueno de las alcaldías. Por tanto, la reunión no garantiza que las gobernaciones reciban más recursos durante la gestión 2027.

El ”plan original” era incluir el porcentaje destinado a las gobernaciones ya en el Presupuesto General del Estado, pero finalmente se decidió negociar una Ley específica.

La clave está en la coparticipación

La gobernadora de Tarija, María René Soruco, defendió que la coparticipación tributaria sea uno de los ejes centrales del proceso autonómico. Actualmente, las gobernaciones no reciben recursos por este concepto, a diferencia de otros niveles del Estado y a pesar de que son claves a la hora de incentivar su recaudación.

La propuesta departamental plantea destinar el 15% de los recursos tributarios correspondientes al nivel central a las gobernaciones, sin afectar los fondos asignados a municipios ni universidades públicas, es decir, saliendo del 75% que administra el Gobierno Central. La iniciativa busca dar a los gobiernos departamentales ingresos más estables para financiar caminos, salud y desarrollo productivo.

Ese porcentaje forma parte de una propuesta y no de una decisión aprobada. Su alcance dependerá de la negociación con el Ejecutivo, del contenido definitivo de la norma y de su tratamiento legislativo. No existe ninguna garantía de que el 15% planteado vaya a convertirse en el mecanismo definitivo y el propio presidente Rodrigo Paz ha señalado en el pasado que era más conveniente que los gobiernos autónomos creen sus propios impuestos.

Siete frentes para una autonomía con recursos

La coparticipación no fue el único asunto abordado en Cobija. La agenda del pacto fiscal contempla otros seis ejes que deberán traducirse en propuestas normativas o mecanismos de gestión.

Entre ellos figura la revisión de la Ley 767, la famosa “Ley de Incentivos petroleros”, vinculada a la promoción de inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos, junto con el debate sobre el fondo de promoción y el mecanismo relacionado con el 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de las ETA que el gobierno confisca para ponerlo en ese fondo.

También se planteó modificar la Ley 154 para ampliar la capacidad de recaudación propia de las gobernaciones, así como trabajar en una norma de relacionamiento internacional que sustituya a la Ley 699 y facilite el acceso departamental a cooperación, inversiones, tecnología y financiamiento.

La agenda incorpora, además, la búsqueda de mejores condiciones fiscales para acceder a financiamiento multilateral, una revisión sectorial del 50-50 orientada a mejorar la eficiencia del gasto y la recuperación de capacidades institucionales. Desde el 26 de octubre se prevé activar mesas técnicas permanentes y gabinetes territoriales en áreas como salud, educación, desarrollo productivo, minería y energía, con la posibilidad de impulsar decretos y otros mecanismos para acelerar programas y proyectos.

Estos frentes pueden producir avances concretos antes de que se apruebe una ley de coparticipación. Sin embargo, no sustituyen la discusión de fondo sobre la distribución de los ingresos tributarios.

El calendario no resuelve la urgencia

El nuevo encuentro deja una hoja de ruta y compromisos de trabajo, pero no modifica por sí mismo la situación financiera de los gobiernos departamentales. El Ejecutivo debe presentar su propuesta, las gobernaciones deben negociar su contenido y la Asamblea Legislativa tendrá que tramitar la norma.

Ese recorrido puede prolongarse. Por eso, aunque el Gobierno y las gobernaciones anuncian avances hacia el 50-50, el principal resultado de esta reunión es todavía procedimental: se acordó trabajar en una ley, no se aprobó una nueva distribución de recursos.

Para Tarija, donde la Gobernación ha reclamado reiteradamente la insuficiencia de ingresos frente a sus obligaciones, la diferencia entre una promesa y una fuente efectiva de financiamiento es determinante. Sin reglas aprobadas, recursos identificados y plazos de aplicación definidos, no es posible planificar sobre ingresos que todavía no existen.

El 50-50 sigue, por tanto, en construcción. La pregunta ya no es solamente cuánto recibirá cada nivel de gobierno, sino cuánto tardará el Estado en convertir el compromiso político en una norma vigente y en recursos disponibles. Con la coparticipación remitida a una ley aún por negociar, la posibilidad de que el nuevo esquema se aplique desde 2027 queda, por ahora, sin garantías.