Mariaca y Zeballos quedan bajo custodia de la FELCN
El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron trasladados a La Paz tras ser aprehendidos en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en el marco del operativo ejecutado por la Policía Boliviana.
Reportes conocidos durante la madrugada señalan que ambos llegaron a El Alto y quedaron bajo custodia policial en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
La situación se produjo después de un operativo desarrollado en Santa Cruz, La Paz y Sucre, que alcanzó a autoridades y funcionarios vinculados al Ministerio Público.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que 14 personas fueron detenidas durante las acciones. De ese grupo, cuatro corresponden a autoridades mencionadas por el Gobierno; otras cuatro fueron detenidas cuando, según la versión oficial, intentaban retirar dinero de la vivienda de Mariaca utilizando una ambulancia, mientras que seis serían funcionarios del Ministerio Público de Santa Cruz que presuntamente pretendían sacar documentación de la vivienda.
Oviedo aseguró que el operativo fue ejecutado íntegramente por la Policía Boliviana y descartó que agentes extranjeros hayan participado directamente en las acciones. Al mismo tiempo, reconoció la cooperación de agencias estadounidenses y de países europeos en tareas relacionadas con la lucha contra el narcotráfico.
Eduardo Del Castillo continúa buscado
Durante la conferencia de prensa, el Ministro confirmó además que el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo no se encuentra detenido y es buscado por las autoridades.
Oviedo sostuvo que la investigación continúa y advirtió que los resultados presentados corresponden a una etapa del proceso, por lo que todavía quedan acciones pendientes.
El operativo también provocó intervenciones policiales en instalaciones del Ministerio Público. En Sucre, funcionarios denunciaron el ingreso de efectivos policiales y señalaron que se les comunicó que serían trasladados a dependencias de la FELCN.
Las autoridades deberán establecer en las investigaciones correspondientes la situación jurídica de cada uno de los aprehendidos y los elementos que sustentan las acusaciones formuladas por el Gobierno.








