De la confrontación al diálogo: la ciudadanía busca reconstruir el tejido social desde las urbes

El futuro de Bolivia no se define únicamente en las altas esferas del poder; se juega, palmo a palmo, en el pulso cotidiano de sus ciudades. Con esa premisa se realizó en La Paz el conversatorio «Diálogos Urbanos: Análisis de coyuntura», un espacio con amplia participación de diversas entidades, plataformas y colectivos ciudadanos que decidieron reunirse para dialogar de manera honesta tras la tormenta de los 51 días de bloqueos.

La actividad, que se desarrolló el 11 de agosto, cerró una serie de diálogos urbanos que se llevaron a cabo en el resto del país con la participación de la sociedad civil.

El propósito inicial era claro: reconstruir la confianza comunitaria y visibilizar la realidad desde la voz de quienes habitan y sufren en las urbes. Pero por encima de las ponencias técnicas, lo que sacudió la sala fue una autocrítica cruda y necesaria que marcó toda la jornada. Como bien reflexiona la facilitadora Elvia Prieto: “Muchas veces nos gusta hablar, dialogar, pero nos falta escuchar la otra posición, la otra voz».

Prieto y otras activistas condujeron la actividad —impulsada por el Programa Urbano de la Red UNITAS y el Instituto Boliviano de Urbanismo (IBU)— en la que participaron representantes de La Paz, El Alto y otros municipios del área rural.

La memoria viva del dolor: 51 días que sacudieron al país

Las heridas de los 51 días de bloqueos y convulsión social, donde la Central Obrera Boliviana (COB) y algunos sectores campesinos pedían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, siguen abiertas en la memoria colectiva. Para la consultora del Programa Urbano de la Red UNITAS, Paola Hurtado, la raíz del conflicto traspasó los colores partidarios para golpear el hogar de cada boliviano, dejando al descubierto la indolencia ante el desabastecimiento.

«Lamentablemente, hoy en día nos damos cuenta de que nuestras autoridades no están pudiendo gestionar el diálogo, que es tan importante, y no están escuchando las demandas reales de la población», explica Hurtado.

Esa falta de escucha se tradujo en rostros de desesperación en cada rincón del eje central, el occidente boliviano y otras regiones del país. Una lectura territorial en La Paz y El Alto identificó durante los más de 50 días de protestas: 20 puntos de bloqueo activos hasta el 14 de junio y espacios como la plaza Murillo, el centro paceño, Senkata y Río Seco tomados por el conflicto. Mientras, las protestas en las carreteras ponían en riesgo la seguridad alimentaria de más de 2 millones de personas en La Paz, El Alto y otras ciudades intermedias del departamento.

Otro fue el drama del acceso a la salud, cuando cada cuatro de cinco hospitales sufrió por la falta de insumos, entre ellos el oxígeno. Los testimonios regionales evidenciaron la gravedad de esta crisis. «Una semana más de bloqueo y la gente en los hospitales se iba a morir porque ya no tenían las medicinas que llegan del eje central, eso es lo que contaron en el Diálogo en Sucre», comparte Andrés Zegada, representante del Colectivo Ciudadano de la Capital boliviana.

Del mismo modo, el impacto en el centro del país fue similar. «Yo siento que estoy en crisis desde antes de los bloqueos», sostuvo una participante en el conversatorio de Diálogos en Cochabamba, citada por Pamela Tordoya, representante del Colectivo Ciudadano de Cochabamba.

Ante esa coyuntura, la activista paceña Katya Salazar, quien participó del conversatorio en La Paz, sostuvo que las crisis también generan oportunidades para reconocernos.

«Creo que Bolivia tiene que caminar hacia adelante, estos momentos críticos son oportunidades de reconocernos… en la crisis se quiebra el sentido de comunidad, pero en Bolivia tenemos que reconocernos, como siempre digo somos perfectamente imperfectos, porque así hasta la crisis se da de una manera más llevadera», agregó la exconcejal paceña.

El tejido social se resquebrajó

Zenobia Mamani, ejecutiva de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia, puso voz a uno de los sectores más golpeados durante el conflicto, al relatar cómo algunas de sus afiliadas, mujeres que se ganan el pan diario trabajando por días, no solo sufrieron el calvario de los traslados a sus fuentes laborales por la falta de transporte público y el estrés, sino que además cargaron con culpas ajenas.

«En algún caso les han dicho: ‘Ustedes también pertenecen a estas organizaciones sociales y ustedes tienen la culpa’, y las han despedido», denuncia la dirigente cochabambina. Esa federación agrupa al menos a 9.000 mujeres en todo el país.

A la par, cientos de jóvenes que trabajan en el servicio de delivery, pequeños comerciantes, emprendedores y trabajadores de negocios de comida rápida vieron esfumarse sus empleos de la noche a la mañana.

Desde la capital del folklore, María Eugenia Castañares, representante del Colectivo Urbano Oruro, recordó cómo la escasez disparó el costo de la vida, «con un litro de leche por las nubes y el pollo inalcanzable», y cómo los jóvenes que sostenían pequeños emprendimientos o el comercio tecnológico perdieron sus empleos.

En la misma línea, Luis Choqueticlla, representante del Colectivo Urbano Potosí, expuso la asfixia que sufrieron los mercados locales ante la falta de rutas alternas. La exigencia regional fue unánime: se necesitan más caminos y vías de provisión para no quedar a merced de un solo ingreso carretero. La Villa Imperial se nutre de alimentos de las provincias José María Linares y Cornelio Saavedra, pero los accesos estaban bloqueados.

En Oruro, las autoridades tuvieron que negociar para que se garantice la provisión de alimentos desde el municipio de Soracachi, sobre todo hortalizas que llegan a los abastos de la capital.

El derecho de la ciudad y la fuerza de los derechos sociales

Frente a la indolencia gubernamental, calificada por Castañares como una falta profunda que «puede más adelante tener consecuencias», el conversatorio elevó una reivindicación fundamental para la vida urbana desde las ciudades.

La responsable del programa Urbano de la Red UNITAS, Iris Baptista, insistió en que es imperativo comprender qué es el derecho a la ciudad y los derechos económicos, sociales y culturales en los contextos urbanos, «porque nuestra vida está atravesada por nuestros derechos y tenemos que saber conocerlos, exigirlos y ejercerlos».

Para Baptista, la salida no vendrá de la imposición, sino de la capacidad de tejer diálogos multiactor desde las bases, donde converjan juntas vecinales, juventudes, gremios, academia y municipalidades, para anticiparse a los conflictos y evitar que el país vuelva a quedar al borde del abismo.

Más adelante, invitó a la población a perderle el miedo a una palabra que suele desgastarse en el terreno de la confrontación: “política” y, por el contrario, devolviéndole su sentido más genuino y transformador.

«Todos sabemos que la palabra política viene de polis , que significa ciudad. Ya desde la antigüedad tenía que ver con ocuparse de los asuntos de la ciudad… No debemos tenerle miedo a esta palabra, porque cuando uno hace acción política participa, decide, se enfoca en algo y transforma», grafica Baptista.

El joven activista paceño Sergio Irusta Alvarado considera que durante los 51 días de bloqueos, «el Gobierno tendría que haber dado un paso más efectivo para establecer el diálogo para generar una comunicación sobre todo transparente con los diferentes sectores».Aquella voluntad —según Irusta— pudo haber prevenido la crisis social que golpeó al país.

En el mismo conversatorio, otros propusieron planes de contingencia ante la amenaza de una nueva crisis social.Sumando Voces se contactó por celular con José Luis Gálvez, vocero presidencial, a quien le preguntó si el Gobierno tiene un plan de contingencia ante una eventual reactivación de las protestas luego del 16 de septiembre cuando finalice el estado de excepción.

«Las autoridades están a cargo de la seguridad del Estado… máxime en el marco de una medida de excepción como la que estamos. Y creo que las normas son las que rigen», puntualizó el funcionario.

El programa Urbano de la Red UNITAS presentará en octubre un documento que resumirá todas las propuestas que se escucharon en los diferentes diálogos que se realizaron con colectivos ciudadanos de Oruro, Potosí, Cochabamba, Tarija, Sucre y La Paz, para que las autoridades puedan conocer las voces de la población civil que clama por sus derechos en las ciudades.