Humo blanco al nuevo Pacto Fiscal: Consulta el acuerdo de Gobierno y Gobernadores
El acuerdo firmado en Sucre plantea una reforma estructural del régimen autonómico con mayor autonomía tributaria, cambios en la distribución de recursos y medidas de alivio financiero para las gobernaciones
El Gobierno nacional y los nueve gobernadores del país firmaron este miércoles en Sucre el Acuerdo N° 001/2026, que pone en marcha la denominada Agenda 50/50, una hoja de ruta para profundizar el proceso autonómico mediante reformas tributarias, fiscales, presupuestarias e institucionales orientadas a fortalecer las capacidades de los gobiernos departamentales.
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El documento parte de la premisa de que, tras más de 17 años de vigencia del modelo autonómico, aún existen competencias y recursos pendientes de transferir. En ese sentido, establece un proceso de "co-construcción" entre el Gobierno central, las gobernaciones, el sector privado y la sociedad civil para alcanzar un nuevo equilibrio en la distribución de competencias y recursos públicos.
Entre las principales medidas acordadas figura la evaluación de mecanismos para ampliar la autonomía tributaria de los departamentos, incluyendo la posibilidad de ampliar su dominio tributario, crear nuevos impuestos dentro del marco constitucional, aplicar sobretasas y fortalecer los ingresos propios. Asimismo, se fija un plazo máximo de 90 días para elaborar un proyecto de modificación de la Ley 154 de Clasificación y Definición de Impuestos.
Otro de los ejes centrales consiste en revisar las normas nacionales que condicionan el gasto de las gobernaciones, con el objetivo de otorgarles mayor libertad para decidir el destino de sus recursos y reducir las autorizaciones previas del nivel central, sustituyéndolas por mecanismos de información y control fiscal.
El acuerdo también prevé una revisión del sistema de competencias y de las transferencias intergubernamentales. Para ello se conformará una mesa técnica especializada encargada de elaborar una propuesta de Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales, con la intención de presentarla durante la actual gestión legislativa y aplicarla desde la gestión fiscal 2027.
La Agenda 50/50 incorpora además el análisis de nuevos criterios para distribuir los ingresos fiscales entre departamentos, el fortalecimiento del régimen autonómico mediante reformas legales, el impulso a alianzas público-privadas, mayores atribuciones para gestionar financiamiento externo, la creación de fondos de compensación y la eventual transferencia de instituciones públicas a administración departamental cuando sea viable.
Como respuesta a la situación económica que atraviesan las gobernaciones, las partes acordaron establecer un cronograma de trabajo para evaluar medidas de alivio financiero, incluyendo la reprogramación o diferimiento de obligaciones y otras acciones destinadas a mejorar la sostenibilidad fiscal de los gobiernos departamentales.
El documento establece además que el Gobierno nacional replicará este proceso de negociación con los municipios, las autonomías indígena originario campesinas y el Gobierno Regional del Chaco, con el propósito de consolidar posteriormente un Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías. Los consensos alcanzados podrán traducirse en proyectos de ley, decretos supremos, convenios intergubernativos, acuerdos fiscales y otras reformas administrativas necesarias para implementar la Agenda 50/50.








