Investigan enriquecimiento ilícito
Caso Oro: Senarecom confirma que formulario era falso
La irregularidad fue detectada mediante la validación del código QR, lo que permitió impedir la exportación del cargamento
El Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) confirmó que el formulario utilizado para respaldar la exportación de 189,5 kilogramos de oro retenidos en Viru Viru era falso. En paralelo, el Gobierno instruyó un informe para esclarecer la liberación de cinco implicados en el caso, la cantidad real del oro decomisado, entre otros.
“El Formulario M-03 presentado para respaldar la operación no fue emitido por los sistemas oficiales de la institución, verificándose que el documento es falso y, por tanto, carece de toda validez legal”, señala el comunicado emitido por Senarecom.
La entidad explicó que la irregularidad fue detectada mediante la validación del código QR, lo que permitió impedir la exportación del cargamento con destino a Emiratos Árabes Unidos. Además, presentó una querella ante el Ministerio Público y anunció que colaborará con las investigaciones.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que el principal investigado, Adrián L. R., permanece aprehendido por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, contrabando y compra o venta ilegal de recursos minerales. El oro, compuesto por 77 lingotes, quedó bajo custodia del Ministerio Público.
La autoridad también instruyó un informe cronológico sobre el operativo, las actas de requisa, los registros de secuestro y las razones por las que cinco involucrados fueron liberados. Asimismo, pidió establecer el paradero de los dispositivos electrónicos incautados e identificar a quienes autorizaron esas actuaciones.
El caso salió a la luz el 22 de julio, cuando la Policía detectó inconsistencias en la documentación presentada para exportar el cargamento desde el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz.
La Fiscalía ya imputó al principal acusado, solicitó 180 días de detención preventiva y amplió la investigación para determinar si existen otros implicados, incluidos posibles funcionarios públicos.
El cargamento llegó desde La Paz mediante una empresa de seguridad y debía ser embarcado en un vuelo chárter con destino a Dubái.
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