Ávila: La prioridad hoy es sobrevivir para después transformar Tarija

A poco más de dos meses de haber asumido funciones, el vicegobernador de Tarija, Gonzalo Ávila, asegura que el principal desafío de la nueva administración departamental no pasa por la política, sino por la supervivencia financiera de la Gobernación. En una entrevista el programa Parlamento de elpais.bo, sostuvo que el diagnóstico realizado durante la campaña quedó incluso corto frente a la realidad encontrada al asumir el gobierno y aseguró que la institución arrastra obligaciones que superan los 1.100 millones de bolivianos entre deuda consolidada y procesos judiciales.

"Encontramos una Gobernación en crisis, con muy poca agilidad financiera y profundamente endeudada", resumió.

Según explicó, la administración estimaba inicialmente un pasivo cercano a los 900 millones de bolivianos, pero una vez iniciada la gestión aparecieron nuevos compromisos económicos derivados de procesos contenciosos que elevaron considerablemente la cifra.

"El segundo día de gestión ya comenzaron a llegar acreedores con sentencias ejecutoriadas reclamando pagos millonarios. Eso reduce aún más el margen de maniobra", explicó.

A ello se suman las obligaciones programadas por la gestión anterior. Ávila puso como ejemplo una cuota de aproximadamente 13 millones de bolivianos que debe cancelarse al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), sin que se hayan dejado recursos disponibles para cubrir ese compromiso.

"Ese es hoy uno de nuestros grandes desafíos: ver cómo cumplimos esas obligaciones sin poner en mayor riesgo las finanzas departamentales."

Priorizar la emergencia

El vicegobernador señaló que la prioridad inmediata consiste en garantizar la continuidad de los principales programas sociales, aunque reconoció que actualmente no existen recursos suficientes para financiarlos plenamente.

Entre ellos mencionó el Prosol y la Canasta Alimentaria, programas emblemáticos de la Gobernación que hoy buscan nuevas fuentes de financiamiento.

La estrategia, explicó, pasa por coordinar con organismos de cooperación internacional para evitar duplicar inversiones y aprovechar proyectos ya existentes en distintas regiones del departamento.

"Lo primero que hicimos fue pedir a todos los cooperantes que nos indiquen dónde están trabajando. Muchas veces encontramos varias organizaciones financiando acciones similares en un mismo municipio mientras otras necesidades permanecen desatendidas."

Además, reveló que se exploran mecanismos innovadores vinculados a fondos internacionales para la conservación ambiental, mediante los cuales determinadas acciones de preservación podrían convertirse en una fuente complementaria de financiamiento para programas sociales.

Aunque reconoció que ninguna de esas iniciativas está todavía consolidada, afirmó que ya existen mesas de trabajo abiertas con distintas organizaciones nacionales e internacionales.

"La gente entiende la situación"

Ávila destacó que uno de los aspectos que más le sorprendió en estas primeras semanas fue la comprensión que, según dijo, están mostrando distintos sectores sociales frente a la crisis financiera.

A diferencia de otros momentos, aseguró que muchas organizaciones no exigen pagos inmediatos, sino que buscan participar en la construcción de soluciones.

"La gente sabe que el departamento está atravesando una situación muy difícil. Hoy nos preguntan cómo pueden ayudar y cómo pueden sentarse a construir soluciones."

Atribuyó parte de esa capacidad de diálogo al liderazgo de la gobernadora María René Soruco Campero, a quien reconoció una importante capacidad para articular consensos con diversos sectores.

La Asamblea y el saneamiento normativo

Respecto de la relación con la Asamblea Legislativa Departamental, Ávila admitió que el inicio de la gestión estuvo marcado por tensiones derivadas del tratamiento de la Ley de Organización del Ejecutivo.

"Arrancamos mal", reconoció.

Sin embargo, sostuvo que posteriormente comenzaron a instalarse espacios de coordinación entre las distintas bancadas con el objetivo de reducir el conflicto político y avanzar en una agenda legislativa común.

Uno de los principales objetivos será revisar numerosas normas departamentales que, a juicio del Ejecutivo, generan superposición de competencias o comprometen financieramente a la institución.

Como ejemplo citó el caso del campo ferial de Exposur, donde actualmente existen distintas leyes que asignan responsabilidades administrativas a diferentes instituciones, generando contradicciones normativas.

"Necesitamos un verdadero saneamiento legislativo antes de seguir produciendo nuevas normas."

Mario Cossío mantiene un rol de consulta

Durante la entrevista, Ávila confirmó que el exgobernador Mario Cossío continúa siendo parte del equipo político que acompaña a la nueva administración.

Aunque aclaró que no ejerce funciones ejecutivas, señaló que participa en las decisiones estratégicas de mayor relevancia.

"Es parte del equipo. Tiene una visión amplia de la gestión y participa en algunas decisiones estratégicas."

También mencionó el rol de Mauricio Lea Plaza como uno de los principales asesores políticos del nuevo gobierno departamental.

Relación con el Gobierno nacional

Consultado sobre el denominado "gobierno amigo", Ávila reconoció que la relación con el Ejecutivo nacional no comenzó de manera fluida debido al clima político posterior a las elecciones.

No obstante, aseguró que en las últimas semanas comenzaron a establecerse canales permanentes de coordinación con distintos ministerios e instituciones nacionales.

Según explicó, la Gobernación ya presentó una agenda de prioridades propias al Gobierno central, que incluye proyectos de salud, infraestructura vial y desarrollo productivo.

"El Gobierno tiene su agenda, pero Tarija también tiene la suya."

Entre las reuniones sostenidas mencionó encuentros con autoridades del Ministerio de Obras Públicas, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el FNDR y otras entidades estatales.

Competencias sin recursos

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el debate sobre el modelo autonómico.

Ávila sostuvo que los gobiernos departamentales vienen financiando competencias que corresponden al nivel central del Estado, situación que considera insostenible en el actual contexto económico.

Por ello respaldó las iniciativas impulsadas desde la recientemente conformada coordinación entre gobernadores del país para abrir un diálogo nacional sobre competencias, financiamiento y redistribución de recursos.

No obstante, planteó que antes de discutir nuevas fórmulas de coparticipación fiscal es necesario resolver la emergencia financiera que enfrentan las gobernaciones.

"Primero hay que conciliar deudas, revisar competencias y construir un fondo de emergencia. Después podremos discutir cómo redistribuir los recursos."

También reiteró el reclamo departamental por el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), recursos que actualmente son descontados para cubrir competencias nacionales.

Tariquía y la nueva ley de hidrocarburos

Sobre el debate hidrocarburífero, Ávila confirmó que la Gobernación ya sostuvo reuniones con YPFB y señaló que pretende participar activamente en la discusión de una futura Ley de Hidrocarburos.

Respecto de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, afirmó que la posición institucional continúa siendo favorable a la conservación ambiental.

Reconoció que la Gobernación posee competencias limitadas sobre las áreas protegidas nacionales, aunque insistió en que el departamento debe participar en las decisiones por tratarse de parte de su territorio.

El desafío de los próximos cinco años

Pensando en el largo plazo, Ávila resumió cuatro grandes objetivos para la gestión departamental: estabilizar las finanzas públicas, mejorar el sistema de salud, impulsar alianzas público-privadas para promover el desarrollo productivo y turístico, y avanzar en la digitalización de la administración pública.

Según explicó, cerca del 40% de los recursos provenientes del IDH se destinan actualmente al servicio de la deuda, situación que condiciona cualquier política pública.

En materia de salud, planteó fortalecer el sistema de emergencias, desconcentrar progresivamente los servicios del Hospital San Juan de Dios y consolidar el funcionamiento del Hospital Oncológico.

Finalmente, anunció que la Gobernación trabaja en proyectos de digitalización para reducir trámites presenciales, agilizar servicios y mejorar la transparencia institucional.

"La meta es dejar una institución más ordenada, más transparente y mucho más eficiente para los ciudadanos", concluyó.

Gobernación plantea 12 prioridades para reactivar Tarija

La Gobernación de Tarija definió una agenda de doce prioridades que busca consensuar con el Gobierno nacional en el marco de una nueva etapa de coordinación institucional, con el objetivo de atender proyectos considerados estratégicos para el desarrollo del departamento.

La propuesta abarca infraestructura vial, salud, turismo, desarrollo productivo, hidrocarburos y medio ambiente, y pretende orientar las gestiones conjuntas entre ambas administraciones durante los próximos años.

En materia de transporte, la Gobernación plantea incorporar a Tarija a los corredores bioceánicos internacionales para fortalecer la integración comercial del departamento. Asimismo, propone la firma de un convenio entre la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) y el Gobierno Regional del Gran Chaco para el mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan el territorio tarijeño.

Dentro del área de servicios públicos, la principal prioridad es concluir y equipar el Hospital Oncológico de Tarija, además de ejecutar mejoras de infraestructura y equipamiento en el Hospital Regional San Juan de Dios. La agenda también solicita incrementar la dotación de ítems para salud, educación y Policía, con el fin de reducir el déficit histórico de personal que registra el departamento, así como restituir la operación de EMTAGAS en la región del Gran Chaco.

El turismo constituye otro de los ejes estratégicos. La Gobernación plantea coordinar con el Gobierno nacional campañas para posicionar a Tarija como destino turístico y gestionar la autorización para que nuevas aerolíneas operen vuelos desde y hacia el departamento, con el propósito de mejorar la conectividad aérea.

En el ámbito productivo, la agenda prioriza la ejecución de importantes obras de riego e infraestructura hídrica, entre ellas el dragado y cambio de la tubería matriz de la represa de San Jacinto, la conclusión de la presa Sella Rumicancha y la ejecución de las segundas fases de las presas Calderas, El Molino y Pajchani. También incorpora el sistema de riego y presa Carachimayo, además de la represa Villa Esperanza, ambas en el municipio de San Lorenzo.

En el sector energético e hidrocarburífero, la Gobernación plantea participar activamente en la elaboración de una nueva Ley de Hidrocarburos, además de gestionar la devolución de la Planta Hidroeléctrica San Jacinto, actualmente administrada por ENDE Guaracachi.

La propuesta incorpora un componente ambiental al solicitar que se garantice la conservación de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, uno de los principales patrimonios naturales del departamento y escenario del debate sobre la futura actividad hidrocarburífera.

En el ámbito fiscal y financiero, la Gobernación también plantea una agenda orientada a recuperar la sostenibilidad de las finanzas departamentales. Entre las principales demandas figuran la reprogramación de la deuda con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y el Tesoro General de la Nación (TGN), la creación de un programa extraordinario de readecuación financiera que permita acceder a recursos de salvataje institucional, la conciliación de cuentas por los aportes realizados por Tarija a la red fundamental de carreteras y al Sistema Interconectado Nacional, así como la apertura de un nuevo Pacto Fiscal que incremente la participación de las entidades territoriales en la renta nacional. La propuesta incluye además la abrogación de la Ley 767 y la devolución a las autonomías del Fondo de Exploración Hidrocarburífera, la inclusión de Tarija en programas nacionales y de cooperación internacional, la demarcación del paralelo 21 para la distribución de regalías del campo Margarita-Huacaya, el pago del IDH en efectivo o mediante Notas de Crédito Fiscal y el cumplimiento por parte del Gobierno nacional de competencias que actualmente son financiadas con recursos departamentales, como la Renta Dignidad, el Fondo de Exploración, los prediarios, el bono de vacunación, ítems de salud y otros programas nacionales.