Romero alista un plan de salvataje para la Gobernación

El secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación de Tarija, Fernando Romero, aseguró que la administración departamental atraviesa una situación financiera más grave de lo previsto y reveló que las obligaciones acumuladas superan los 1.000 millones de bolivianos entre créditos bancarios y procesos judiciales pendientes.

Durante una entrevista en el programa Parlamento, Romero calificó el estado de las finanzas departamentales como una situación "crónica" y "en terapia intensiva", señalando que los ingresos actuales resultan insuficientes para cubrir las obligaciones heredadas.

Según explicó, la Gobernación recibe aproximadamente 25 millones de bolivianos mensuales por concepto de regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), mientras mantiene compromisos cercanos a los 800 millones de bolivianos con entidades financieras públicas y privadas, principalmente con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

A ello se suman alrededor de 200 millones de bolivianos en procesos contenciosos derivados de contratos de obras inconclusas y litigios acumulados durante anteriores gestiones.

"Entre deuda bancaria y procesos contenciosos estamos hablando de más de mil millones de bolivianos", afirmó.

Romero indicó que una de las prioridades inmediatas será gestionar en La Paz un diferimiento o reprogramación de la deuda con el FNDR para evitar mayores presiones sobre la liquidez institucional.

Plan de estabilización

El secretario anunció que la Gobernación trabaja en una reingeniería financiera y presupuestaria orientada a estabilizar la institución y evitar que la crisis se profundice.

Explicó que se busca construir un "gran pacto fiscal" con municipios, la Asamblea Legislativa Departamental, sectores productivos y el Gobierno nacional para redefinir competencias, obligaciones y mecanismos de financiamiento.

"La idea es presentar un plan estratégico de salvataje para evitar que la situación se vuelva más crítica", sostuvo.

Romero advirtió que el actual modelo de funcionamiento resulta insostenible debido a la fuerte dependencia de los ingresos hidrocarburíferos, que representan aproximadamente el 85% de los recursos departamentales.

Asimismo, recordó que hace una década Tarija recibía cerca de 100 millones de bolivianos anuales por IDH, mientras que actualmente percibe entre 2 y 2,5 millones.

Sedeca, Sedes y Prosol

Entre los desafíos inmediatos mencionó la situación del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y los programas sociales.

Respecto al Sedeca, anunció un proceso de relanzamiento orientado a convertir la institución en una entidad más operativa y vinculada al desarrollo productivo y mantenimiento vial.

En el caso del Sedes, reconoció las demandas relacionadas con el bono de vacunación y señaló que la Gobernación busca alternativas para cumplir obligaciones sin comprometer aún más la estabilidad financiera.

También anticipó una revisión del programa Prosol, incluyendo la depuración de beneficiarios y la incorporación de mecanismos de apoyo productivo complementarios.

Nuevas fuentes de ingresos

Romero indicó que la administración analiza mecanismos para incrementar los ingresos propios mediante la prestación de servicios con maquinaria y equipos departamentales actualmente subutilizados.

Aunque descartó incrementos generalizados de impuestos, señaló que existen alternativas tributarias que podrían ser evaluadas en el marco de las competencias autonómicas.

"Lo primero será reducir gastos y ordenar las finanzas. No podemos seguir administrando la Gobernación de la misma manera", concluyó.

Romero: El Gobierno no tenía un plan para la crisis

El secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación de Tarija, Fernando Romero, afirmó que el Gobierno nacional ha respondido a la crisis económica mediante medidas coyunturales y carece de una estrategia integral capaz de garantizar la estabilidad del país en el mediano y largo plazo.

Durante una entrevista en el programa Parlamento, Romero sostuvo que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo en los últimos meses muestran una reacción permanente frente a los acontecimientos, pero no la existencia de un plan estructurado para resolver los problemas de fondo que afectan a la economía boliviana.

"El Gobierno me da a entender que no tenía un plan estratégico de estabilización y salida de la crisis", manifestó.

Según el economista, varias de las medidas anunciadas por la administración nacional han consistido en alivios tributarios, diferimientos, fondos de apoyo sectorial y decretos orientados a responder a situaciones específicas, sin atacar las causas estructurales de la crisis.

A su juicio, la eliminación parcial de la subvención a los combustibles fue una de las pocas decisiones de carácter estructural adoptadas durante los primeros meses de gestión, aunque posteriormente se produjeron retrocesos debido a la presión social.

Una estabilidad "positiva pero frágil"

Romero explicó que durante los primeros meses del actual Gobierno observó señales positivas en algunos indicadores económicos, pero advirtió que la estabilidad era extremadamente vulnerable debido a la falta de respaldo político y de acuerdos que permitieran sostener reformas profundas.

"Era una situación positiva, pero muy frágil, porque no tenía estructura política ni gobernabilidad suficiente para consolidar cambios de largo plazo", señaló.

En ese sentido, consideró que el Ejecutivo no logró construir consensos con los sectores que inicialmente respaldaron su proyecto político, situación que terminó debilitando su capacidad para implementar medidas económicas complejas.

Crisis política y económica

El secretario departamental sostuvo que los problemas económicos actuales no pueden analizarse de forma aislada de la crisis política.

Afirmó que la incertidumbre institucional, los conflictos sociales y la falta de acuerdos han deteriorado la confianza de inversionistas, empresarios y organismos financieros.

"Hemos perdido credibilidad, confianza y expectativas de inversión", indicó.

Asimismo, señaló que el incremento del riesgo país refleja las dudas que existen sobre la capacidad de Bolivia para recuperar estabilidad y atraer nuevas inversiones.

La necesidad de reformas de fondo

Romero consideró que Bolivia necesita discutir soluciones estructurales que permitan recuperar el crecimiento económico, garantizar la sostenibilidad fiscal y reconstruir la confianza.

A su criterio, las medidas temporales pueden aliviar coyunturas específicas, pero resultan insuficientes para resolver problemas como la caída de la producción de hidrocarburos, la escasez de divisas, el déficit fiscal y la creciente presión sobre las finanzas públicas.

"Las medidas coyunturales ayudan a ganar tiempo, pero el país necesita una estrategia de estabilización clara y sostenida", concluyó.