Estado de excepción en Bolivia: el arma Constitucional que el gabinete de Paz baraja

La Plaza Murillo amaneció varios días de esta semana rodeada de gases lacrimógenos y consignas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira. Tres semanas después de que la Central Obrera Boliviana (COB) convocara las primeras protestas, La Paz continúa prácticamente sitiada: las carreteras de acceso bloqueadas, los hospitales públicos sin insumos, los supermercados con estantes a medio llenar y un puente aéreo de emergencia operando desde Santa Cruz y Cochabamba para abastecer de alimentos a la capital.

Es la respuesta a los primeros seis meses de gobierno después de una elección que fue decidida, de nuevo, por las clases populares de occidente, que cansadas del Movimiento Al Socialismo (MAS) depositaron sus esperanzas en el binomio que conformó el propio Paz con Edmand Lara, representante genuino de ese sector y que fue marginado del gobierno apenas una semana después de su posesión.

El pedido de renuncia, proporcional o no a los diferentes giros del gobierno y las diferentes medidas tomadas – congelación salarial, alza de combustibles, alineación con EEUU e Israel, levantamiento del impuesto a las Grandes Fortunas, contratación de casi 50% del total de deuda externa, regulaciones de tierras e inversiones extranjeras que fueron tumbadas de forma específica, etc., - se ha convertido en el significante vacío que cohesiona a diferentes sectores, incluso luego de haber obtenido bonos u otros beneficios específicos.

En ese escenario de tensión creciente, una palabra circula en los pasillos del Palacio de Gobierno y en los despachos de los constitucionalistas: estado de excepción. Algunos sectores conservadores lo reclaman abiertamente. El gobierno, por ahora, lo descarta. Pero la herramienta existe, está reglada con precisión en la Constitución y en una ley específica, y conocer su mecánica resulta indispensable para entender el límite hasta el cual puede llegar el Estado boliviano.

Qué dice exactamente la ley

La figura está consagrada en el artículo 137 de la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009, y reglamentada en detalle por la Ley N° 1341, promulgada el 29 de octubre de 2020. La norma, aprobada durante el gobierno de Jeanine Áñez, define el estado de excepción como "la respuesta a una situación de grave amenaza que pone en peligro real y excepcional los derechos y garantías de la población, la seguridad o el funcionamiento del Estado, que no pueden ser superados con las facultades ordinarias". Entender el contexto de aprobación de esta ley es clave: las protestas de 2019 habían logrado desalojar a Evo Morales del poder, pero la Asamblea seguía teniendo mayoría holgada del MAS, que optó por viabilizar una restauración por la vía de la democracia, pero después blindó garantías para que el gobierno no utilizara el ejército para reprimir las protestas en contra del nuevo gobierno, al que consideraban “de facto”.

Es por tanto, una Ley muy garantista, y es en ese marco en el que también se encuadró el intento del diputado de Unidad, Carlos Alarcón, de viabilizar una Ley que derogara precisamente la 1341 y con ella, todas las garantías.

La ley reconoce tres causales específicas que pueden activar la medida:

1. Amenaza externa: cuando otro Estado o fuerzas extranjeras representan un peligro de extrema gravedad para el país.
2. Conmoción interna: cuando los disturbios son tan graves que la Policía Boliviana ya no puede controlarlos con sus atribuciones ordinarias.
3. Desastre natural: ante catástrofes imprevistas de extrema gravedad.

En el contexto actual, la causal que podría invocarse es la conmoción interna. La Ley 1341 la define como "una grave perturbación del orden público que atente de manera real contra la estabilidad institucional". El constitucionalista José Luis Santistevan señaló que, en ese caso, el decreto podría aplicarse de forma territorializada: "El artículo 137 de la Constitución le otorga al presidente dictar el estado de excepción en determinados departamentos o provincias específicas", explicó.

El proceso paso a paso: 72 horas que cambian todo

En Bolivia, un estado de excepción comienza con la declaratoria del Presidente mediante Decreto Supremo aprobado en Consejo de Ministros, especificando territorio afectado, derechos restringidos y motivos. En las primeras 24 horas, la Cancillería debe comunicar la medida a la OEA y la ONU. Dentro de las siguientes 72 horas, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe ser convocada para considerar la declaratoria. La medida tiene una vigencia máxima de 60 días calendario desde su publicación en la Gaceta Oficial y, vencido ese plazo, caduca automáticamente. Además, no puede declararse un nuevo estado de excepción sin autorización legislativa previa una vez concluido el anterior. Las sanciones previstas incluyen multas de hasta el 10 % del Salario Mínimo Nacional para quienes incumplan las disposiciones.

El escudo infranqueable: los derechos que nunca pueden suspenderse

La Ley 1341 es explícita en cuáles derechos no pueden tocarse bajo ninguna circunstancia, en línea con el artículo 137 de la CPE y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. La declaratoria no puede suspender, en ningún caso:

Derecho a la vida • Integridad personal • Igualdad y no discriminación • Reconocimiento de personalidad jurídica • Prohibición de esclavitud y servidumbre • Libertad de conciencia y religión • Protección a la familia • Derechos de niñas, niños y adolescentes • Derecho a la nacionalidad • Derechos políticos • Derecho a la información • Derechos de personas privadas de libertad • Garantías judiciales y acciones de defensa.

Y hay una cláusula de responsabilidad sin precedente en la legislación boliviana anterior: cualquier servidor público —civil, policial o militar— que viole estos derechos amparado en el estado de excepción será procesado administrativa, civil y penalmente. La obediencia debida a órdenes superiores no lo exime de responsabilidad.

A finales de 2019 el gobierno de Jeanine Áñez movilizó al Ejército para reprimir protestas en Senkata y Sacaba sin declarar Estado de Excepción y los procesos posteriores se han extinguido.

Bolivia en la tormenta: tres semanas que desnudaron la fragilidad del gobierno Paz 

Rodrigo Paz Pereira llegó al poder en noviembre de 2025, tras ganar con el 54,96 % de los votos en la segunda vuelta electoral. Era la primera vez que la presidencia cambiaba de manos a través de un balotaje, poniendo fin a dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) interrumpidos solo entre octubre de 2019 y de 2020. Apenas seis meses después, el joven gobierno indescifrable ideológicamente enfrenta lo que los analistas ya califican como la peor crisis de un presidente boliviano en su primer año de gestión.

Las protestas comenzaron a principios de mayo, convocadas inicialmente por la COB con demandas concretas: un aumento salarial del 20 %, mejoras en el abastecimiento de combustible y la derogación de la Ley 1720, que también movilizó a campesinos de tierras bajas hasta lograr su derogación. La chispa que encendió la mecha fue la denominada "gasolina basura": la distribución de combustible en mal estado que dañó vehículos en todo el país, generando una indignación que trascendió a los sectores sindicales y se instaló en la clase media urbana, que lleva sufriendo por los precios al alza desde 2023.

El 4 de mayo, cientos de indígenas amazónicos llegaron a La Paz tras 28 días de marcha para exigir la abrogación de la Ley 1720. Para entonces las 20 provincias de La Paz, con los ponchos rojos de la Central Tupac Katarí, ya habían instalado puntos de bloqueo exigiendo la renuncia del presidente. El 12 de mayo, organizaciones afines al expresidente Evo Morales iniciaron en Caracollo, Oruro, una "Marcha por la Vida" con destino a la capital. Para el 20 de mayo, la movilización ya había incorporado la demanda de renuncia del presidente y se habían registrado enfrentamientos en El Alto con gases lacrimógenos, heridos y saqueos. Por el medio, violencia extrema ejercida por mineros cooperativistas, que, aunque alejados de las protestas sociales, sembraron violencia y malestar.

La crisis se potenció con su dimensión económica: Bolivia vive la peor contracción de su economía en cuatro décadas. Los organismos multilaterales proyectan un decrecimiento del 3,3 % para 2026, tras la contracción del 1,58 % de 2025, en un año en que la inflación tocó el 20,4 % en una economía donde se estima que el 85% de la población trabaja en el sector informal.

 “Las limitaciones no podrán ser tan gravosas que impliquen la negación de la dignidad humana, que no puede ser suspendida en ningún estado de excepción.” — Ley N° 1341, Art. 8, Bolivia

El gobierno respondió primero con una operación de "corredor humanitario" el 16 de mayo, desplegando fuerzas policiales y militares para abrir rutas bloqueadas, pero los campesinos retomaron los bloqueos pocas horas después. El miércoles 20, Paz anunció en conferencia de prensa la reestructuración de su gabinete y la creación de un Consejo Económico y Social: "Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha", afirmó, sin precisar fechas, pero apenas cambió al ministro aymara al día siguiente. El sábado 23 se volvieron a abrir corredores humanitarios, pero los bloqueos se repusieron de forma casi inmediata incluso con más violencia.

La opción sobre la mesa que Paz aun no quiere tocar

La Asamblea de la Cruceñidad fue uno de los primeros actores en demandar al gobierno que active un "estado de excepción sectorizado", citando el artículo 137 de la Constitución. Algunos legisladores de la coalición gobernante también lo pusieron en consideración en reuniones internas. Pero el gobierno frenó el debate.

"El gobierno descartó decretar estado de excepción y optó por reforzar el despliegue militar y policial para contener las manifestaciones", informó La Jornada. El canciller Fernando Aramayo, en la mañana del miércoles 20, denunció que grupos en las protestas buscan debilitar al gobierno y alterar el "orden democrático y constitucional", pero sin ir más lejos en el anuncio de medidas extraordinarias.

Los analistas identifican al menos tres razones por las que Paz evita la declaratoria. La primera, política: hacerlo equivaldría a reconocer que la situación superó el control ordinario del Estado, lo que daría más combustible simbólico a la oposición tanto en las calles como en la propia Asamblea, donde Libre juega un rol específico. La segunda, comunicacional e incluso diplomática: dictar un Estado de Excepción para contener protestas sociales arruina el mensaje político de estabilidad que se trataba de dar para atraer inversiones o turismo. La tercera, histórica: Bolivia tiene una memoria traumática de estados de sitio usados como herramientas de represión en el siglo XX, y cualquier evocación de esa figura genera rechazo transversal.

"Los conflictos deben resolverse a través del diálogo social antes que con acciones de fuerza amparadas bajo una eventual declaratoria de estado de excepción", advirtió un analista consultado por Emol. La lectura dominante en la academia boliviana es que la herramienta legal existe, pero su uso en este contexto específico acarrearía costos políticos que el gobierno juzga insostenibles.

Lo que enseña la región: el espejo latinoamericano

Bolivia no está sola en esta encrucijada. En los últimos tres años, El Salvador, Ecuador, Chile y Guatemala recurrieron a estados de excepción para enfrentar situaciones de violencia interna, con resultados dispares que funcionan como advertencia y como ejemplo.

El caso más citado en los pasillos del gobierno es el de Nayib Bukele en El Salvador. El régimen de excepción decretado en marzo de 2022 logró desmantelar a las pandillas MS-13 y Barrio 18 y llevar la tasa de homicidios a 1,9 por cada 100.000 habitantes en 2024, la más baja de América Latina. Pero el costo fue mayúsculo: más de 86.000 personas detenidas, al menos 25.000 de ellas presuntamente inocentes según organismos de derechos humanos, y 132 muertes bajo custodia estatal. Amnistía Internacional documentó torturas y desapariciones forzadas de forma sistemática.

El contramolde es Ecuador. Desde enero de 2024, Daniel Noboa encadenó más de 13 decretos de estado de excepción contra el crimen organizado. Los homicidios bajaron un 63 % en el primer mes, pero la tendencia se revirtió y el país cerró 2025 con un nuevo récord: 8.847 asesinatos, con una tasa de más de 50 muertes por cada 100.000 habitantes, la más alta de América Latina.

El caso boliviano no es comparable directamente a ninguno de los dos: el conflicto actual no involucra crimen organizado al nivel de las pandillas centroamericanas o el narcoterrorismo ecuatoriano por mucho que el gobierno insista en vincularlo a Evo Morales o el narcotráfico del Chapare, sino demandas sociales y sindicales con una fuerte carga política. Pero el debate sobre cuándo una protesta deja de ser un asunto de orden público ordinario para convertirse en "conmoción interna" en términos constitucionales es exactamente el que se libra hoy en Bolivia.

¿Qué pasaría si Paz lo declara?

Si el Ejecutivo decidiera avanzar, el proceso sería el siguiente: un Decreto Supremo aprobado en Consejo de Ministros establecería el territorio afectado (probablemente las provincias de La Paz, El Alto, Oruro y zonas del Chapare), los derechos limitados y los motivos específicos. En las primeras 24 horas, Cancillería notificaría a la OEA y la ONU. En 72 horas, la Asamblea Legislativa debería considerar la medida.

Las restricciones que podrían activarse incluyen limitaciones a la libertad de reunión y manifestación pública, restricciones al tránsito en zonas declaradas, habilitación de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios civiles, y eventualmente toque de queda en horarios nocturnos. Lo que no podría hacerse, bajo ninguna circunstancia, es suspender el derecho a la información, encarcelar personas sin orden judicial más allá de los plazos constitucionales, o silenciar a los medios.

El mayor riesgo político es que la medida, lejos de apagar las llamas, las avive. Bolivia tiene en su memoria colectiva los estados de sitio de los años ochenta y la represión de "octubre negro" de 2003, cuando el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada cayó precisamente tras militarizar La Paz para frenar protestas en El Alto. Invocar ese fantasma en un conflicto cuyas demandas tienen raíces económicas legítimas sería, en la lectura de la mayoría de los analistas, un error político de proporciones históricas.

La apuesta del gobierno: diálogo antes que decreto

Por el momento, Rodrigo Paz apuesta a que el Consejo Económico y Social – que inicialmente se anunció para el sábado, luego para este domingo, aunque hay pocas expectativas -, la reestructuración del gabinete – que de momento solo ha cambiado a Edgar Morales por Bascopé, ambos aymaras pero el segundo de una línea mucho más dura contra las protestas - y el mantenimiento de los corredores humanitarios sean suficientes para desactivar la crisis. La Unión Europea, Estados Unidos y el “Escudo de las Américas” respaldan su gestión, incluso con post que han sido rechazados por su notable injerencia. Evo Morales, acusado por el gobierno de orquestar las protestas desde su feudo en el Chapare mientras enfrenta cargos de trata de personas, niega ser el autor intelectual de la movilización. Mario Argollo, dirigente de la COB y buscado por la Fiscalía, está en la clandestinidad, y la Tupac tiene una dirección mucho más colegiada.

El estado de excepción, en tanto, permanece como una herramienta guardada en el cajón: constitucional, reglamentada, acotada y, por ahora, políticamente inconveniente. El artículo 137 seguirá esperando. La pregunta es hasta cuándo.