Ex ENFE y la red Gill: dividendos subsidiados; pérdidas públicas

Entre 1996 y 2024, las dos empresas ferroviarias concesionadas de Bolivia distribuyeron Bs 512 millones en dividendos hacia accionistas privados mayoritariamente extranjeros. Durante el mismo período, recibieron Bs 250,5 millones en subsidios estatales directos e indirectos. El 60,8% de los dividendos que recibió el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), destinados a financiar la Renta Dignidad, provienen de esos subsidios.

Dividendos sobre utilidades subsidiadas

Los estados financieros auditados de Ferroviaria Andina S.A. (FCA) y Ferroviaria Oriental S.A. (FO) revelan como patrón sistemático la distribución del 95% al 100% de utilidades anuales hacia accionistas, financiamiento de operaciones mediante deuda garantizada con locomotoras y vagones, y registro contable de ingresos por compensaciones estatales que nunca se cobraron en efectivo pero que inflaron artificialmente las utilidades distribuibles.

Al 31 de diciembre de 2024, ambas empresas mantienen cuentas por cobrar al Estado boliviano por Bs 188,9 millones en compensaciones por servicios de pasajeros deficitarios. FCA constituyó una previsión para incobrables del 58% sobre ese saldo, reconociendo implícitamente que no espera cobrar la totalidad. Sin embargo, durante los años en que devengó esos ingresos no cobrados, sí distribuyó dividendos calculados sobre utilidades que los incluían.

Gill: control total de ferroviarias

La estructura de propiedad muestra concentración extranjera. FO está controlada en un 67,7% por capitales chilenos: BTG Pactual Chile S.A. con 27,08% y Transportes Ferroviarios S.A. con 40,62%. FCA pertenece en un 50,004% a Bolivian Railways Investors Company Inc., constituida en Delaware, Estados Unidos, cuyos beneficiarios finales no están identificados en registros públicos bolivianos. El otro 49,9% de ambas empresas pertenece al FCC, administrado por la Gestora Pública.

Carlos Enrique Gill Ramírez, odontólogo venezolano, preside los directorios de ambas ferroviarias simultáneamente: Andina desde 2015, Oriental desde 2023. También es director titular de Trenes Continentales S.A., la holding que controla el 50% de Oriental. Esta posición le otorga supervisión operativa sobre el 100% del sistema ferroviario concesionado boliviano. Pese a los intentos, el Equipo de Investigación no ha logrado contactar con Carlos Gill.

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El 30 de marzo de 2023, como presidente del directorio de Oriental, Gill autorizó mediante testimonio notarial la apertura de cuentas bancarias en Estados Unidos, adicionales a las existentes en Suiza, y transferencias internacionales sin límites especificados. Los documentos no revelan fiscalización de la Gestora Pública sobre el uso de esas cuentas.

Durante su presidencia en Andina, Gill ha ratificado la política corporativa de distribuir entre 95% y 100% de utilidades netas incluso cuando la empresa recurre a préstamos bancarios garantizados con activos operativos. Entre 2006 y 2024, Andina contrató préstamos por más de U$15 millones garantizados con locomotoras, algunas de las cuales aparecen como garantía en múltiples contratos a lo largo de los años.

Mauricio Eloy Etienne Solares fue designado director de FCA en 2015, el mismo año en que Gill asumió la presidencia. Etienne es propietario de Constructora Etienne S.A. (Cotienne), empresa con la que Gill se asoció en 2016. Cotienne actuó como subcontratista en las obras del teleférico de La Paz, proyecto con presupuesto total de Bs 5.025 millones entre 2014 y 2018, bajo contratación directa del Grupo Doppelmayr representado por Gill. Etienne, quien asegura tener una relación “puntual” con Carlos Gill, ha declinado responder el formulario de preguntas que se le solicitó desde este medio.

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Exportación de materia prima sin procesar

La relación entre las ferroviarias y sus principales clientes presenta vínculos adicionales. Gravetal, que representa parte significativa del 70% de ingresos agroindustriales de FO, está conectada mediante Carlos Alejandro Serrate Valdivia – quien no atendió las llamadas de este medio - con Gill y sus empresas. FO presenta estados financieros individuales sin consolidar subsidiarias, pese a controlar al 99% a Sociedad Aigre S.A. en Uruguay, cuyo objeto social incluye actividades no relacionadas con transporte ferroviario: cine, joyería, combustible y textiles. A septiembre 2024, Oriental reportaba Bs 38,75 millones en cuentas por cobrar a empresas relacionadas sin desglose público de destinatarios ni propósitos.

El senador Oscar Ortiz denunció que “no ha sido posible acceder a los detalles de las subcontrataciones realizadas entre Teleféricos Doppelmayr Bolivia S.A. y Cotienne S.A.” pese a múltiples solicitudes formales. La condición de subcontratista eximió a Cotienne de fiscalización directa por órganos del Estado.

Deuda creciente Bs 976 millones acumulados en préstamos y bonos garantizados con locomotoras, vagones y activos operativos estratégicos.

La composición de carga transportada muestra concentración en commodities sin industrializar. FCA genera el 58,21% de sus ingresos de solo dos clientes mineros: Minera San Cristóbal (40,01%) y Sinchi Wayra (18,20%). Ambas exportan concentrados de zinc, plomo y plata sin procesamiento hacia puertos chilenos. FO obtiene el 70% de sus ingresos del sector agroindustrial, principalmente soya en grano y harina con 5% a 10% de valor agregado.

Los fondos de pensiones bolivianos mantienen doble exposición en ambas ferroviarias: como accionistas minoritarios sin control en directorios, y como acreedores mediante inversión en bonos corporativos. En Oriental, los fondos han mantenido al menos U$23 millones invertidos en bonos desde 2013. En Andina, mantuvieron entre U$462.638 y U$3,85 millones entre 2009 y 2014, año en que estos registros desaparecen de los reportes, precisamente durante el período de mayores pérdidas de la empresa.

FO ha emitido 11 series de bonos desde 2013 por más de Bs 600 millones, la mayoría destinados a “recambio de pasivos”, es decir, refinanciamiento de deuda anterior. A septiembre de 2024, su deuda financiera total alcanzó Bs 658 millones, equivalente al 50,8% de su patrimonio, con obligaciones de corto plazo que crecieron 43% en tres meses.

Jaime Durán Chuquimia, exgerente de la Gestora Pública, reconoció en entrevista con El País que los beneficios para el FCC “no son muy grandes” y admitió que legalmente “no hay ninguna política” contra la doble exposición de ser accionista y acreedor simultáneamente. También reconoció que la Gestora está en minoría en los directorios, limitando su capacidad de influir en decisiones empresariales.

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Entre 1996 y 2024, el FCC recibió aproximadamente Bs 205,6 millones en dividendos de ambas empresas: Bs 95,7 millones de Andina y Bs 109,9 millones de Oriental. Considerando que los subsidios estatales totales fueron Bs 250,5 millones y que el FCC posee 49,9% de ambas empresas, aproximadamente Bs 125 millones de los dividendos recibidos por el FCC provienen directa o indirectamente de subsidios estatales.

Los subsidios documentados incluyen compensaciones por servicios de pasajeros deficitarios (Bs 228,8 millones acumulados entre pagados y devengados), descuentos del 3% en precio de diésel para Andina (Bs 16,3 millones estimados en 27 años), préstamos con tasas subsidiadas durante COVID-19 (Bs 3,09 millones a Andina) y préstamos con garantía de entidades estatales (Bs 2,3 millones a Oriental en 2024).

Trenes Continentales, la holding sin empleados que controla el 50% de Oriental, distribuyó sistemáticamente montos superiores a las utilidades anuales de su única subsidiaria operativa. En 2007 distribuyó Bs 43,9 millones cuando la utilidad fue Bs 15,25 millones, equivalente al 288% de la ganancia anual. En 2008 pagó Bs 29,8 millones con utilidad de Bs 19,6 millones. En 2011 distribuyó Bs 14,9 millones generando apenas Bs 6,8 millones.

Infraestructura deteriorada y costo de oportunidad

La inversión en infraestructura durante 28 años fue aproximadamente U$90 millones entre ambas empresas, mientras distribuyeron U$73 millones en dividendos solo en el período documentado. FCA estimaba en 2008 que el 70% de su red estaba destruida o en mal estado. En 2024, el ramal Oruro-Cochabamba ha desaparecido y múltiples rutas están cerradas.

Los 400 kilómetros que conectarían ambas redes nunca se construyeron pese a estudios repetidos desde 1962. El costo estimado oscila entre U$5.000 y U$8.000 millones, equivalente a 2,5 a 4 años del subsidio que Bolivia destina al transporte carretero. El Estado gastó cerca de U$2.000 millones en 2023 para subsidiar el 86% del diésel de la demanda local, principalmente para transporte carretero que moviliza el 85% de mercancías y que buena parte podría moverse sobre raíles haciendo más eficiente la logística.

En 2036, cuando las concesiones reviertan, el Estado boliviano recibirá infraestructura con 40 años de uso, material rodante depreciado, deuda potencial no saldada, y sin interconexión entre redes. Durante esos 40 años, habrá subsidiado con aproximadamente Bs 400 millones, financiado con más de U$300 millones en bonos vía fondos de pensiones, y permitido la extracción de Bs 700 millones estimados en dividendos hacia accionistas privados extranjeros.

Varios analistas señalan que el costo de oportunidad de no industrializar la producción transportada se estima en U$50.000 millones durante el período completo de concesión. Si Bolivia hubiera procesado el 30% de los minerales y el 50% de la soya que actualmente exporta como materia prima, el valor agregado adicional rondaría los U$500 a U$800 millones anuales. En 40 años, esto representa entre U$20.000 y U$32.000 millones en riqueza no capturada, sin contar el ahorro potencial en subsidios a combustibles si las ferroviarias fueran eficientes.

Poder sobre rieles

Carlos Gill Ramírez llegó a Bolivia en 2009 adquiriendo La Razón. En 2015 asumió la presidencia del directorio de Ferroviaria Andina, donde Mauricio Etienne Solares ingresó como director ese año. Desde 2023 preside también Ferroviaria Oriental, controlando así el 100% del sistema ferroviario concesionado. Gill ha dicho públicamente que “el gerente de Bolivia” es Álvaro García Linera, vicepresidente entre 2006 y 2019.

En 2016, Gill se asoció con Constructora Etienne S.A. (Cotienne), fundada en 1987. Cotienne actuó como subcontratista de Teleféricos Doppelmayr Bolivia en obras con presupuesto de Bs 5.025 millones (2014-2018), declaradas de interés nacional por Ley 261 de 2012. La contratación directa de Doppelmayr, representada por Gill, y la subcontratación a Cotienne generaron cuestionamientos sobre conflicto de interés.

En 2013, Claverton Holding Inc., constituida en Panamá, controló el 50% de Cotienne. Esta empresa offshore apareció en los “Papeles de Panamá” (2016), permitiendo opacidad en contratos estatales millonarios mediante subcontrataciones no auditadas.

Carlos Jorge Gómez Núñez, suplente de Etienne en Andina (2015), fue vinculado con Thales Air Systems, beneficiada con contratos del satélite Túpac Katari y radares (2016), que subcontrató a Cotienne.

Alejandro Serrate Valdivia conecta múltiples puntos: gerente de Air BP, director de La Razón cuando Gill la adquirió, y representante legal de Inversoja cuando aparecieron accionistas vinculados al MAS en Gravetal, principal cliente de Ferroviaria Oriental.

La Gestora Pública mantiene 49,9% en ambas ferroviarias recibiendo Bs 205,6 millones en dividendos durante 28 años, mientras el FCC mantenía al menos Bs 31,1 millones invertidos en bonos de estas empresas que acumularon Bs 250,5 millones en subsidios estatales.

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