Identifican aproximadamente a 17 clanes familiares dedicados al contrabando en Bolivia

Al menos 17 clanes familiares fueron identificados que están involucrados en actividades sistemáticas de contrabando, tanto de importación como a la inversa, afectando seriamente la economía nacional, informó este martes el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez.

“Se realizó un seguimiento desde la pasada gestión, especialmente mediante labores de Inteligencia. Como resultado, identificamos aproximadamente 17 clanes familiares que se dedican al contrabando de importación como al contrabando a la inversa, especialmente del ganado en pie, y el traslado de productos de primera necesidad como el azúcar y el aceite”, detalló Velásquez.

La autoridad indicó que esta información será remitida a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para el análisis de flujos económicos sospechosos. A su vez, recordó que el artículo 181 del Código Tributario califica la exportación agravada como delito, sancionado con penas de hasta 14 años de prisión.

Actualmente, tres personas -de nacionalidad peruana- se encuentran con detención preventiva en el penal de San Pedro, mientras que una ciudadana boliviana cumple arresto domiciliario.

Además, cinco ciudadanos están siendo investigados por contrabando a la inversa, específicamente en el tráfico de carne de cerdo. Todos los casos están bajo investigación del Ministerio Público.

Modus operandi y zonas críticas

Velásquez alertó sobre el creciente uso de comunidades fronterizas como puntos estratégicos para el contrabando.

“En zonas como Santa Rosa de Taraco, en ese sector, algunas comunidades son muy afines al contrabando y por ahí es donde tratan de sacar el ganado en pie y la carne de cerdo, utilizando el lago”, detalló.

Velásquez también destacó que, en contraste, hay comunidades que colaboran con las Fuerzas Armadas en la destrucción de pasos ilegales y la identificación de rutas de contrabando.

La lucha contra el contrabando se desarrolla en el marco de la Ley 1053, que faculta a las FF.AA. y al Comando Estratégico Operacional (CEO) a actuar con el uso de armamento cuando la situación lo amerite, bajo parámetros establecidos en las normas vigentes.

“Cuando hay intentos de recuperar mercadería incautada, el personal tiene la facultad de proceder con su destrucción o incineración, como medida disuasiva y de protección”, enfatizó la autoridad.

El pasado viernes, el presidente Luis Arce anunció la implementación de 11 medidas y 7 decretos destinados a frenar el contrabando y garantizar el abastecimiento de combustibles y alimentos. Entre las disposiciones se incluye la militarización de puntos fronterizos estratégicos.