Cívicos de Tarija piden anular la disposición séptima del PGE

La disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que permite el decomiso de productos en casos de agio y especulación, sigue sumando rechazo en diferentes sectores del país. A la oposición manifestada por gremiales y empresarios, ahora se adhiere el Comité Cívico de Tarija, que ha expresado su descontento y exigencia para que esta medida sea anulada. En la misma línea, el economista Fernando Romero recomienda al Gobierno derogar la disposición para evitar mayores movilizaciones y perjuicios a la economía nacional.

El Comité Cívico

El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, criticó la disposición séptima, argumentando que otorga facultades a entidades estatales para decomisar productos de propiedad privada sin un debido proceso judicial, lo que, según él, vulnera derechos fundamentales y mezcla procedimientos administrativos con sanciones propias del ámbito penal.

Ante esta situación, Gira anunció la realización de un encuentro multisectorial este miércoles 5 de febrero en Tarija, donde se reunirán representantes de empresarios, gremiales, emprendedores, juntas vecinales y otras instituciones. Asimismo, confirmó que se ha extendido invitaciones a autoridades locales y nacionales para que participen en el debate sobre la norma y sus posibles repercusiones.

El dirigente cívico enfatizó que en esta reunión se definirá la postura oficial del Comité respecto a las movilizaciones anunciadas para el 10 de febrero, cuando sectores productivos y comerciales prevén realizar un paro de 24 horas en rechazo a la medida.

“No descartamos sumarnos a las protestas, ya que, si se mantiene vigente esta disposición y el Gobierno sigue presionando para su reglamentación, la propiedad privada de miles de bolivianos estaría en peligro,” advirtió.

Recomendaciones

Desde una perspectiva técnica, el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, calificó la disposición séptima como innecesaria, ya que existen normativas vigentes para combatir el agio, la especulación y el contrabando, sin necesidad de recurrir a decomisos arbitrarios.

“Es inusual que en un PGE se introduzca una medida de esta naturaleza, otorgando al Gobierno la facultad de decomisar productos según su propio criterio, lo que genera incertidumbre en el sector privado y desalienta la inversión”, afirmó.

El economista consideró que la disposición séptima ha exacerbado la polarización política y podría aumentar la conflictividad social, especialmente en un año marcado por tensiones electorales. En ese sentido, recomendó su anulación como una estrategia para evitar la paralización de la economía y garantizar estabilidad en los sectores productivos y comerciales.