Magistrados se acogen a su derecho al silencio

Los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yvan Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo e Isidora Jiménez Castro se acogieron a su derecho al silencio y no declararon ante un comité de Diputados.

• LEA TAMBIÉN: Cámara de Diputados abre proceso de responsabilidades a prorrogados del TCP

Los cuatro magistrados pidieron una audiencia virtual, desde la sede de sus funciones Sucre, para declarar ante los integrantes del Comité de Ministerio Público de Diputados, en el marco de una investigación por las denuncias de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato, usurpación de funciones y nombramientos ilegales.

Sin embargo, “en virtud a su derecho constitucional se han abstenido a declarar, se han acogido al derecho al silencio, por lo tanto, se ha cumplido este acto procesal”, informó la diputada Lidia Tupa, vocal del Comité.

Hurtado y Espada fueron denunciados por los exlegisladores del MAS René Félix Navarro Miranda y María Elisabeth Oporto Balboa. Los acusan de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato y usurpación de funciones.

Mientras que el exdiputado Wilson Pedro Santamaría Choque presentó las denuncias contra las magistradas Jiménez y Cornejo por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y nombramientos ilegales.

Tupa afirmó que la decisión de los magistrados no será un obstáculo y que el Comité continuará con la investigación preparatoria.

“Nosotros tenemos otras herramientas, de acuerdo al procedimiento, podemos solicitar mediante requerimientos, información y documentación. La parte denunciante también va a jugar un rol muy importante porque tiene que probar los hechos denunciados a través de diferentes medios de prueba, como también los denunciados pueden hacer sus descargos de manera escrita”, indicó.

Conforme a las leyes 044 y 612, que establecen las bases para el juzgamiento de altas autoridades del Estado en un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Comité del Ministerio Público tiene un plazo de 30 días desde la recepción de los antecedentes para remitir su informe a la Comisión de Justicia Plural.