Decomisos: Llamado a diálogo no frena rechazo a Ley del PGE
El presidente Luis Arce ha defendido la Ley, asegurando que busca proteger el bolsillo de las familias bolivianas y no así castigar a los sectores productivos



Una disposición adicional que fue incluida en el Presupuesto General del Estado 2025 ha provocado que diversos sectores productivos declaren emergencia y amenacen con iniciar una movilización a nivel nacional, desde el 10 de febrero, hasta conseguir que sea eliminada.
Se trata de la disposición séptima de la Ley del PGE 2025 que fue aprobada por el Ejecutivo Nacional sin el apoyo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La norma, que avala el decomiso de productos y alimentos, no solo ha despertado preocupación en el sector gremial, sino también en empresarios, industriales y agropecuarios.
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El presidente Luis Arce, en su discurso en conmemoración a la creación del Estado Plurinacional, ha defendido la Ley, asegurando que busca proteger el bolsillo de las familias bolivianas. Ha convocado al diálogo para evitar las protestas, pero los movilizados dicen que no confían en el Gobierno.
La polémica disposición
“Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”, es lo que dice la disposición séptima de la Ley 1613.
También establece que todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales “debe declarar, información de producción, transformación y comercialización, misma que tendrá calidad de declaración jurada y será tratada bajo el principio de confidencialidad”.
Reglamento El Gobierno aclaró que la disposición de la Ley no entrará en vigor en tanto no se elabore en consenso un reglamento
Los sectores económicos que se oponen a la Ley han expresado su preocupación y la consideran un “atentado a la economía”, ya que en la práctica permite que de manera discrecional se decomisen productos con el argumento de “garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos”.
“Quieren robar con el artículo (disposición) la mercadería, como están haciendo con Emapa y no se está solucionando nada”, señaló Toño Siñañi, dirigente de los gremiales en El Alto.
Mientras que el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, dijo que la norma ataca a la propiedad privada y al “eslabón más fácil, que es el pequeño, mediano empresario”.
Un llamado al diálogo
Pese a los argumentos, el Gobierno defiende la Ley. El primer mandatario asegura que la lucha contra el agio y la especulación no busca castigar al buen empresario ni confiscar mercadería a los gremiales, sino, proteger el bolsillo de las familias bolivianas.
“El Gobierno nacional para defender el bolsillo de los bolivianos ha elaborado normas legales que no buscan castigar al buen empresario, al buen industrial, al buen productor, al buen comerciante; no busca confiscar la mercadería de los hermanos gremiales”, aseguró.
Ante el rechazo de distintos sectores, el Gobierno nacional aclaró que la disposición de la Ley no entrará en vigor en tanto no se elabore en consenso un reglamento. Con ese fin convocó al diálogo.
“Estamos seguros que la vía del diálogo es el camino para resolver cualquier conflicto y no así medidas de hecho que dañan la economía nacional”, afirmó el Presidente.
El máximo dirigente de los gremiales en Santa Cruz, Edgar Álvarez, aseguró que no creen en la voluntad del Gobierno. “Él habla del buen productor, del buen gremialista, del buen comerciante, no entendemos quiénes son los buenos, seguramente los que tienen su cartón azul, deben ser los buenos”, cuestionó.
Los sectores que rechazan la Ley se volverán a reunir el 30 de enero en Sucre y esperan tener una respuesta hasta ese día. En caso de que no sea así, en el encuentro definirán las movilizaciones y medidas que asumirán a partir del 10 de febrero.