Develan movimientos millonarios en las cuentas del exministro de Medio Ambiente

El ahora exministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, y su asesor jurídico Gabriel D. A., fueron denunciados por presunto enriquecimiento ilícito y por falsedad en la declaración jurada el pasado 3 de enero. La viceministra de Transparencia Institucional, Susana Ríos, comunicó hoy que tras realizar una “minuciosa investigación” se develó que había movimientos millonarios e “inusuales” en las cuentas del exministro y su asesor.

“Esta investigación ha surgido a raíz de una denuncia que ha sido presentada ante el viceministerio, donde se detallan, justamente, algunos cobros irregulares, algunos movimientos inusuales en el patrimonio de estas dos personas”, informó la autoridad en conferencia de prensa.

La viceministra señaló que se identificó una desproporción patrimonial de ambos exservidores, con movimiento inususales en sus cuentas en periodos muy cortos de tiempo.

Según esa cartera de Estado, la investigación se centró en las gestiones 2021 y 2024. En el caso del exministro se contabilizaron ocho bienes inmuebles en el mismo periodo. En total tendría nueve inmuebles, la mayoría en el departamento de Cochabamba.

Además de Bs. 1 millón, que involucraría movimientos económicos entre los ahora investigados y depósitos de otras personas, entre ellos algunos servidores públicos.

En el caso del asesor jurídico se identificó un movimiento inusual de sus cuentas de más de Bs 600.000 en el período 2024, quien también tendría consumos y compras “desproporcionados” a su perfil patrimonial.

“Nosotros vamos a actuar, como en todos los casos, ya sea como parte coadyuvante y también como víctimas de estos hechos (…). No podemos tolerar ningún hecho de corrupción, ningún hecho poco transparente”, remarcó Ríos.

Alan Lisperguer fue destituido de manera inmediata por el presidente Luis Arce este miércoles, quien remarcó que no tolerará ningún indicio o acto de corrupción en su gobierno, tras que la Fiscalía admitiera la denuncia por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y por falsedad en la declaración jurada.