Gobierno aprueba incremento salarial para trabajadores de empresas públicas y filiales
La medida ha sido criticada por la diputada tarijeña Luciana Campero, quien cuestionó la decisión del Gobierno en un momento de crisis económica.
El 28 de agosto, el Gobierno de Luis Arce aprobó el Decreto Supremo 5207, que establece un incremento salarial para la gestión 2024. La medida, que se aplica a las trabajadoras y trabajadores de empresas públicas y aquellas en las que el Estado tiene participación mayoritaria, autoriza un aumento de hasta el 3%, aplicado de manera lineal.
El decreto especifica que el incremento salarial se aplicará a los trabajadores de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) matriz, así como a las empresas filiales de Ende Corporación, entre ellas: Ende Andina S.A.M., Ende Corani S.A., Ende Guaracachi S.A., Ende Transmisión S.A., Elfec S.A., Delapaz S.A., Ende de Oruro S.A., Ende del Beni S.A.M., y Ende Servicios y Construcciones S.A. Se aclara que este aumento debe implementarse sin generar superposición de niveles salariales.
No obstante, quedan excluidos de la medida el personal especializado de Ende matriz y aquellos que ocupan cargos de jefe de unidad, jefe de proyecto I, asesores, jefes regionales y profesionales senior.
El decreto establece que el incremento salarial será retroactivo al 1 de enero de 2024 y deberá efectivizarse hasta el 30 de septiembre del mismo año. Además, se indica que los aportes correspondientes a la seguridad social de corto y largo plazo deben realizarse de acuerdo con la normativa vigente. Los recursos necesarios para financiar este incremento provendrán de fuentes específicas de cada empresa. En el caso de las filiales de Ende Corporación, el financiamiento se realizará con los ingresos generados por sus operaciones comerciales.
Además, la medida autoriza el incremento salarial para la Agencia Boliviana Espacial (ABE) y para las empresas mineras de Colquiri, Huanuni y Corocoro.
El Decreto Supremo 5207 también estipula que las empresas públicas deben remitir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sus escalas salariales modificadas dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles posteriores a la publicación del decreto, para su aprobación correspondiente.
La medida ha sido criticada por la diputada tarijeña Luciana Campero, quien cuestionó la decisión del Gobierno en un momento de crisis económica. "No dan puntada sin hilo", afirmó Campero en sus redes sociales. La diputada también denunció que el Gobierno está fortaleciendo el aparato estatal mientras solicita la aprobación de un crédito de 118 millones de dólares para un proyecto de "resiliencia climática en el sector vial". "El MAS no sabe cómo resolver la crisis. No podemos seguir tomando créditos con dobles intenciones", concluyó.