Caso piscinas YLB: Cuarto acusado fue enviado a la cárcel

El Juzgado Sexto Anticorrupción de La Paz ordenó la detención preventiva de la cuarta persona denunciada por los hechos irregulares en la construcción de la planta industrial de carbonato de litio de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Hay varios órdenes de aprehensión a la espera de ejecutarse.

“En el caso de la cuarta persona aprehendida ha sido remitida con detención preventiva al recinto penitenciario de San Pedro”, informó este martes el comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Johnny Chávez.

La estatal YLB identificó irregularidades técnicas en el proyecto desde su diseño, que no incluía la puesta en marcha ni la provisión de agua de proceso.

Se trata de 18 piscinas de evaporación que debían proveer materia prima a la planta industrial de carbonato de litio, pero quedaron inoperables a causa de los materiales usados y un mal manejo, según una auditoría.

Tras un proceso de investigación especializada se estableció un daño económico al Estado superior a los Bs 425 millones.

Entre los investigados está el exministro de Minería Luis Alberto Echazú, quien fue beneficiado con detención domiciliaria al igual que otros dos acusados, un tercero fue enviado a la cárcel de San Pedro.

Se conoció que están denunciados 12 exfuncionarios y una empresa contratista.

Chávez evitó dar mayores detalles para no entorpecer las investigaciones que son dirigidas por la comisión de fiscales.

“Tenemos pendiente varias órdenes de aprehensión”, se limitó a revelar.

Congelar cuentas

La semana pasada, el procurador general del Estado, Cesar Siles, informó que se solicitó congelar las cuentas privadas y anotar preventivamente los bienes de los investigadas por la denuncia de irregularidades en este caso.

“Estamos haciendo las medidas con la Fiscalía, solicitando anotaciones preventivas, congelamiento de cuentas y todo lo que esté a nuestro alcance en Bolivia y fuera del país”, explicó en entrevista con Bolivia Tv.

Lo que se busca es garantizar la recuperación del daño económico causado al Estado, que asciende a Bs 425 millones, y acelerar las investigaciones de forma que los convocados a declarar acudan a la Fiscalía y “digan su verdad”.

El caso cobró mayor relevancia tras la muerte repentina de Juan Carlos Montenegro, exgerente de YLB, que falleció luego de un infarto agudo.