Cocaleros de Yungas dan al Gobierno hasta el 8 de enero para liberar a César Apaza

La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) exigió al Gobierno que viabilice la libertad de César Apaza y otros compañeros que consideran “presos políticos”, con plazo hasta el 8 de enero de 2024, bajo advertencia de asumir medidas de presión.

El dirigente René Llojlla dijo que la Adepcoca tiene una Asamblea el próximo 8 de enero, día para el cual ya quieren la liberación de sus compañeros.

“Si no se le va a dar libertad el 8 de enero, las bases, los socios cocaleros de Yungas se pueden pronunciar de una manera distinta, que no le va a gustar ni al pueblo boliviano ni al Gobierno central”, manifestó.

Llojlla recordó que el Gobierno ya ha reconocido a la Adepcoca de Villa Fátima como el único mercado legal de coca, pero en caso de no liberar a Apaza, la institución cocalera volverá a ser un “problema” para los gobernantes.

“Queremos decirle al Gobierno central: cuidado que el león dormido de los Yungas se levante y otra vuelta seamos un problema para el Gobierno central y, por lo tanto, tiene que tomar en cuenta los 43 mil socios cocaleros que somos nosotros, cuando nos hemos movilizado la cabeza de César Apaza y de Freddy Machicado, hemos salido 40 mil socios”, agregó.

Apaza lleva detenido desde septiembre de 2022, acusado por la quema del mercado paralelo de coca de Villa El Carmen. Desde entonces su salud se ha deteriorado y sus compañeros cocaleros exigen que se defienda en libertad.

Los cocaleros aseguran que la detención de Apaza es ilegal y que, además, es presionado para declararse culpable en el caso, como ocurrió con otros dirigentes que se autoinculparon para salir libres.

Además de la detención prolongada de Apaza, se denunciaron vulneraciones a sus derechos humanos y la Defensoría del Pueblo estableció que el mismo sufrió tratos crueles de parte de la Policía durante su aprehensión. 

La Adepcoca también pide la liberación de Raúl Urias y Juan Cocarico, quienes también están siendo procesados.

Consultado sobre los dirigentes que ya se declararon culpables, Llojlla acusó al Gobierno de haber presionado hábilmente a los cocaleros y que fue el precio que debieron pagar por su libertad.

La Adepcoca de Villa Fátima fue contestataria al Gobierno y llegó incluso a enfrentarse con la Policía en varias ocasiones. En 2022 se movilizó para el cierre del mercado paralelo de Villa El Carmen a cargo de Arnold Alanez, que entonces era reconocido por los gobernantes. 

Sin embargo, después se dio vuelta la situación y Alanez se pasó al bando “evista” del MAS, mientras que el Gobierno volvió a reconocer a la Adepcoca de Villa Fátima como la única reconocida. Ahora se vuelve a tensionar la relación del Gobierno con Adepcoca por el caso César Apaza.