Fiscal General tilda de ‘ilegal’ a las decisiones judiciales a favor de Añez e insiste con proceso ordinario

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, consideró ilegales y arbitrarias las decisiones de dos tribunales, quienes declinaron competencia para juzgar a Jeanine Añez en la vía ordinaria por los casos Senkata Sacaba, al considerar que le corresponde juicio de responsabilidades como expresidenta.  

Los tribunales de El Alto y Sacaba argumentaron que todos los Órganos del Estado reconocieron a Añez como presidenta y que los hechos investigados ocurrieron mientras ella ejercía el cargo, por lo cual le corresponde juicio de responsabilidades. 

Lanchipa explicó que el Ministerio Público ha tomado con sorpresa esas decisiones, tomando en cuenta que anteriormente autoridades judiciales ya han determinado que Añez sea procesada en la vía ordinaria.

“¿Justicia o impunidad? ¿Qué es lo que se pretende con estas decisiones? ¿Que el caso retroceda a foja cero que todo el trabajo investigativo sea desechado? ¿Que las víctimas tengan que peregrinar nuevamente por Justicia”, dijo Lanchipa.

El Fiscal General manifestó que el Ministerio Público “censura cualquier forma ilegal que busque la paralización o demora de un proceso de investigación, que tiene una demanda histórica con el país”.

En ese marco, anunció que se presentaron las apelaciones respectivas, para que tribunales de alzada reviertan las decisiones favorables a Añez.

“Se han activado los recursos de apelación correspondiente para que las salas penales de los tribunales departamentales de justicia de La Paz y Cochabamba sorteadas, advertidas de esta arbitrariedad por parte de los tribunales de sentencia, dejen sin efecto la forzada e ilegal decisión asumida”, dijo Lanchipa.

Anunció también que se tomarán las acciones legales correspondientes, para que la emisión de toda resolución manifiestamente contraria a la Constitución y las leyes sea objeto de investigación y se definan responsabilidades, “más aún cuando dichas determinaciones de forma arbitraria e ilegal pretenden dejar en la impunidad graves violaciones de derechos humanos”.

Recalcó que la intención de la Fiscalía es que “se inicie el juicio oral público y contradictorio en la vía ordinaria”.