Denuncian al ministro Édgar Pary por presunta corrupción y uso indebido de influencias
Fue acusado de favorecer a su empresa familiar y ofrecer contrataciones del Estado.
El pasado 7 de noviembre, un dirigente de los padres de familia a nivel nacional presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de La Paz contra el Ministro de Educación, Édgar Pary, acusándolo de presuntamente utilizar sus influencias para favorecer a su empresa familiar y ofrecer contratacione del Estado.
La denunciante relata que descubrió una oferta para inversionistas en la empresa denominada Centro Multidisciplinario de Formación, Investigación y Servicios Generales (CEMFI), al observar publicaciones en redes sociales. Al investigar más a fondo, señaló que la persona a cargo de la oferta era una funcionaria del Ministerio de Educación y que la empresa en cuestión pertenecía al Ministro Édgar Pary.
CEMFI fue constituida en una notaría de la provincia Loayza del departamento de La Paz, según el documento notarial fechado el 4 de noviembre de 2022. La denunciante presentó información que indica que la empresa es propiedad del Ministro Pary en sociedad con sus hijos, aportando él con el 32% del capital.
La denunciante afirmó haber comunicado con la persona responsable de las inversiones en CEMFI, quien le indicó que el propósito de la empresa era adjudicarse contrataciones estatales, especialmente del Ministerio de Educación. El relato también señala que el Ministro habría nombrado a esta persona, funcionaria del Ministerio de Educación, como su apoderada legal.
La denuncia, fundamentada en presuntos delitos de uso indebido de influencias, negocios incompatibles y sociedades ficticias o simuladas, concluye que el Ministro Pary ha establecido una Sociedad de Responsabilidad Limitada dedicada, entre otras cosas, al ámbito educativo, con el domicilio legal de la empresa en su residencia en Potosí.
José Luis Álvarez, dirigente del magisterio paceño, destacó que de corroborarse estos hechos, el Ministro podría haber incurrido en actos de corrupción. Álvarez enfatizó la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente, registrando casos anteriores en los que las autoridades no fueron debidamente investigadas o exoneradas. Exigió una investigación rigurosa y justa en este caso. La sociedad está atenta al desarrollo de este proceso judicial, esperando que se esclarezcan los hechos y se haga justicia.