Fiscalía retrocede en intento de violación a la reserva de fuente

El fiscal Freddy Durán, de la localidad de Puerto Quijarro, retrocedió en su determinación de obligar a periodistas de la página “Entre Comillas” a revelar su fuente de información mediante un requerimiento y citación a la Fiscalía, en un caso de agresión que formularon personas de la tercera edad contra supuestas personeras cívicas.

Conocido el intento de violación a la reserva de fuente , la Asociación de Periodistas de Santa Cruz por medio de sus abogados, Raquel Guerrero y Roberto Méndez, realizaron la representación legal en defensa de los periodistas de “Entre Comillas” que fueron citados por el fiscal de Puerto Quijarro, demandando la aplicación irrestricta del Art.8 de la Ley de Imprenta, que estipula que “el secreto de la fuente es inviolable”, protección que también garantiza la Constitución Política del Estado y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Ante el reclamo, el fiscal Freddy Durán enmendó su error y emitió otra resolución con la que  “reconduce requerimiento fiscal”  y sustenta que “el secreto de fuente está protegido de manera directa por la Ley de Imprenta, la Constitución Política del Estado y las convenciones internacionales porque representan la esencia de la libertad de información, un derecho sin el cual, se pondría en riesgo la libertad de la sociedad, libertad de información, por lo que el requerimiento de fecha 18 de agosto del 2023, se deja sin efecto, ya que el artículo 106 en su numeral 3 garantiza a los trabajadores y trabajadoras de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.

La periodista Lidia Surubí Salvatierra de “Entre Comillas” que fue intimidada por el requerimiento fiscal para revelar su fuente, destacó que el fiscal Durán reconduzca el primer requerimiento fiscal con el que pretendía vulnerar el secreto de fuente poniendo en riesgo a unos ancianos que denunciaron haber sido agredidos por supuestas representantes cívicas de Puerto Quijarro.

“Esta es una nueva batalla que gana la Ley de Imprenta y el derecho que tienen los ciudadanos de acudir a los medios de comunicación a denunciar cualquier tipo de hecho que les molesta o cuando se sienten agredidos por algo”, dijo la presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Maggy Talavera.

El pasado 3 de mayo de 2023, el periodista, Moisés Rodríguez Tito, de Radio Omega de Yapacaní, igualmente fue citado a declarar a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Santa Cruz para revelar la identidad de una fuente de información que denunció un robo, pero el requerimiento fue desestimado, lo mismo ocurrió con el periodista de El Deber, Guider Arancibia, a quien también se conminó a declarar, pero el secreto en materia de imprenta terminó por imponerse.

Por su parte, la presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes, lamentó que “de manera recurrente las autoridades llamadas a respetar la constitución y las leyes desconozcan las normas vigentes e intenten vulnerar el secreto de fuente” y recordó que “durante la gestión 2022, al menos en siete ocasiones los periodistas fueron intimidados por fiscales que se pasan por alto el blindaje legal a la protección de la fuente informativa que es un derecho que resguarda la libertad de todas las personas y no sólo de los periodistas, pues sin el secreto de fuente no sólo peligraría la libertad de prensa sino la libertad de expresión, un derecho ciudadano fundamental para la vigencia de la democracia”.