Observan que hace 10 años el Control Social no funciona

A más de 10 años de su vigencia, la Ley 341 del Participación y Control Social no acaba funcionar en ninguno de los tres niveles de gobierno, porque carece de efectividad e incidencia política y económica sobre las autoridades para mejorar la gestión pública y la transparencia.

El consultor y especialista en gestión pública subnacional y autonomías, Fabián Yacsik y el presidente del Control Social de Bolivia, Hiram Levi Alacama, participaron en el programa Hagamos Democracia de Erbol para analizar su aplicación efectiva de la ley promulgada el 5 de febrero de 2013 por el presidente Evo Morales.

Esa ley fue puesta en vigencia para borrar la Ley de Participación Popular de Gonzalo Sánchez de Lozada, que daba poder de fiscalización a los comités de vigilancia con relación a sus municipios. Morales quiso ampliar esas facultades y puso bajo el régimen de la Ley 341 a todas las entidades públicas de los cuatro Órganos del Estado, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Procuraduría, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, entre otros.

“El papel aguanta todo, pero hay una suerte de crisis de efectividad en varios niveles. El control social tiene mecanismos laxos y no son muy claros para que la comunidad organizada desarrolle sus formas de participación y control social”, manifestó Yacsik.

Indicó que tampoco funciona el control gubernamental encargado a la Contraloría General del Estado, ni la fiscalización desde la Asamblea, es decir, todo el andamiaje estatal de fiscalización para evitarla la corrupción pública no muestra acciones efectivas.

Añade a esa situación se suma la falta de transparencia y acceso a la información pública en el nivel municipal, departamental y nacional, que puede ayudar a detectar alguna corruptela, pero no es posible porque tampoco existe una ley específica de acceso a la información.

Considera que el Control Social no funciona por falta de elementos punitivos y cuando denuncia, su denuncia se queda en la entidad a la que supuestamente fiscaliza y cuando llega al Ministerio Público corre la misma suerte de todos los problemas de justicia en el país.

Por su lado, el dirigente nacional del Control identifica la falta de una reglamentación en favor de la Ley 341. En ese sentido anunció que el próximo 6 y 7 de septiembre se realizará un encuentro nacional en la ciudad de El Alto.