Reportan 860 personas privadas de libertad por incumplimiento de asistencia familiar hasta diciembre de 2022

De acuerdo con un informe de Régimen Penitenciario hasta diciembre de 2022, se tenía a 860 personas privadas de libertad, entre hombres y mujeres, recluidos por incumplimiento en el pago de asistencia familiar, informó la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz.

“Se ha solicitado a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario que pueda señalar cuántas personas privadas de libertad se encuentran recluidas como consecuencia del incumplimiento de la asistencia familiar. Régimen Penitenciario nos ha informado que hasta diciembre de 2022 se habría identificado a un total 860 personas”, informó la autoridad.

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Explicó que, el 98%, es decir 848 son varones que no cumplieron con el pago de la asistencia familiar y que el 2% son mujeres infractoras. Asimismo, el 70,82% de los reclusos estaban entre cero a cinco meses en las cárceles; en tanto, el 29,18% permanecen en reclusión entre seis a 12 meses.

Cruz lamentó que, pese a existir resoluciones judiciales de determinación de asistencia familiar, las personas obligadas no cumplan con la determinación en evidente perjuicio de los beneficiarios.

En muchas ocasiones, la demanda del pago de asistencia genera instancias de violencia (económica, física o emocional) contra los que exigen el pago, en su mayoría las mujeres, que son agredidas y hasta víctimas de feminicidio, lamentó Cruz.

“Muchos casos registrados como feminicidio o infanticidio han tenido como móviles de las causas el reclamo de la asistencia familiar”, explicó.

Ante esta situación, el Gobierno nacional remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un anteproyecto de ley que modifica el procedimiento de liquidación y crea el Registro Nacional de Asistencia Familiar (RENAF).

Recordó que la Ley 603, del Código de las Familias y el Proceso Familiar, establece que la asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta.

El anteproyecto busca mejorar los mecanismos establecidos para garantizar el derecho a la asistencia familiar, frente a los casos de impago que se registran en diversos lugares del país.

En ese sentido, el registro contendrá información de todos los obligados por resolución judicial al pago de asistencia familiar, el monto y un número de cuenta donde se efectivizará el depósito, para contar con una base de datos para el seguimiento al cumplimiento de dicha obligación.