En dos años y medio, cuatro ministros de Luis Arce cayeron por denuncias de corrupción

En dos años y medio de gestión del presidente Luis Arce, Adrián Quelca, exministro de Educación; Wilson Cáceres y Edwin Characayo, ex ministros de Desarrollo Rural y Tierras, finalmente Juan Santos Cruz, exministro de Medio Ambiente y Agua, son los miembros del Ejecutivo que renunciaron a sus cargos implicados en casos de corrupción.

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El viernes, Santos presentó su renuncia irrevocable al mandatario, presionado por las distintas denuncias de corrupción en su contra: el cobro de coimas millonarias a empresas que se adjudicaban proyectos y por encubrir las irregularidades del exinterventor de EPSAS, Vladimir Iraizos.

“Para defenderme como persona natural he tomado la firme decisión de presentar mi renuncia irrevocable de Ministro de Medio Ambiente y Agua, reafirmando mi compromiso de seguir trabajando desde donde me encuentre en favor de las y los bolivianos, como un soldado del proceso de cambio”, dice la parte final de la carta de renuncia.

Desde el 9 de noviembre de 2020, Arce gobernó el país con 22 ministros de Estado, de los cuales 11 lo acompañan desde el inició de su gestión y el resto fueron cambiados por diferentes hechos.

Las dimisiones

El 1 de diciembre de 2020, el entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, exdirigente de la Federación Departamental de Interculturales en Santa Cruz, fue destituido de su cargo después de conocer que contrató a su pareja extramarital, Fabiola Gutiérrez, como jefa de gabinete.

El hecho surgió, luego que el 26 de noviembre de ese año circuló un instructivo en el que despidió a todo el personal del Ministerio de Desarrollo Rural. Fue el primer caso de nepotismo que enfrentó el mandatario. En reemplazo de Cáceres, ingresó Edwin Characayo como titular de esa cartera de estado.

Cuatro meses después, el 14 de abril de 2021, la Policía aprehendió en flagrancia a Characayo cuando recibía $us 20.000 para no revertir la propiedad “El Triunfo II” en el departamento de Santa Cruz. Sin embargo, las investigaciones indicaban que ese monto de dinero era un adelanto de $us 380.000 que pretendía cobrar.

Un año y cinco meses después, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz determinó una sentencia de ocho años de prisión para el exministro, por el delito de cohecho pasivo propio.

El 12 de noviembre de 2021, el entonces ministro de Educación, Adrián Quelca renunció a su cargo después del proceso penal que se abrió en su contra porque presuntamente instruyó, mediante mensajes de WhatsApp, perjudicar o favorecer a determinados postulantes a cargos directivos del sistema educativo.

La fiscalía lo imputó por el delito de incumplimiento de deberes y pidió su detención domiciliaria mientras se realizaba la investigación. Empero, el 14 de julio de 2022 esa misma instancia judicial determinó su sobreseimiento. 

Characayo es la única exautoridad que se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro por los actos de corrupción. Con relación a Santos Cruz, hasta el momento no fue convocado a declarar por el Ministerio Público; empero, la Procuraduría General del Estado (PGE) anunció que se sumará al proceso en contra del exministro y actuará con todo el peso de la ley.

Otras observaciones

Tras conocer la donación de vehículos a organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS), que tenían reporte de robo en Chile, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, estuvo en el ojo de la tormenta. El diputado del bloque ‘evista’ Renán Cabezas expresó su indignación y calificó su trabajo como “negligente e incapaz”.

“Nos tienen que explicar por qué el Presidente del Estado entregó un auto robado, por qué el Vicepresidente hace lo propio, por qué se encuentra un vehículo robado aquí en la Asamblea Legislativa. Por qué Diprove ha omitido sus obligaciones ¿Quién coordina? ¿La Ministra de la Presidencia, la nieta del dictador Banzer? Vamos a interpelar este hecho, pero esperamos que antes de eso, sea destituida”, afirmó Cabezas.

En ese mismo caso, también se pidió la dimisión del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, porque al ser cabeza de sector, debe fiscalizar las acciones que se realiza para la verificación de los motorizados incautados.

El bloque evista y sectores del pacto de unidad, observaron el trabajo de ambas autoridades desde hace mucho tiempo, incluso solicitaron su cambio, pero hasta el momento el mandatario no asumió ninguna decisión.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño también fue cuestionado por los hechos de soborno que se registraron en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), dirigida por Henry Nina, exdirigente intercultural, dentro del proceso de adjudicación de la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez.