ANPB y APP denuncian restricciones a la información y judicialización de periodistas en Potosí

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Potosí (APP), han expresado su repudio ante la permanente vulneración de la libertad de prensa y del derecho de acceso a la información pública, además del hecho que se intente judicializar la labor periodística por parte de autoridades estatales del departamento de Potosí.

“Denunciamos que el gobernador de Potosí, Jhonny Óscar Mamani Gutiérrez, en una clara vulneración a la Ley de Imprenta demandó al Órgano Judicial la aprehensión del director de radio Fides Potosí, Germán Antonio Vidaurre Villanueva, por no haberse presentado a declarar como testigo en un juicio por difamación que la autoridad ha interpuesto contra el asambleísta Jaime Flores en el marco del caso sobre la presunta corrupción en el intento de compra de 41 ambulancias”, dice parte del pronunciamiento por las entidades que representan al gremio periodístico.

La ANPB y APP cuestionaron que la solicitud de aprehensión haya sido interpuesta en contra del periodista Vidaurre, a pesar de haberse excusado de declarar arguyendo que no podía oficiar de testigo porque violaba el secreto de fuente que está protegido por la Ley de Imprenta.

Este mismo pronunciamiento repudia la vulneración del derecho de libre acceso a la información pública por parte del presidente ejecutivo de la Comibol, Marcelino Quispe, que el pasado 5 del presente increpó al periodista Marvin Valda, del diario El Potosí, y se negó a responder respecto a las acciones que su despacho tiene previstas para evitar el colapso del Cerro Rico de Potosí.

“Por favor, le voy a rogar que ¡no me moleste!”, arengó el funcionario que, luego, abandonó el lugar sin responder la consulta periodística.

La ANPB y la APP, repudian la conducta de dichas autoridades estatales que, en su función pública, tienen la obligación de respetar la normativa nacional e internacional que protege la libertad de prensa.

“Denunciamos que el intento de judicialización de las y los periodísticas es una práctica recurrente con la que se pretende silenciar al periodismo y, asimismo, evitar la fiscalización de las acciones del Estado para transparentar la gestión pública. Reafirmamos que no cederemos ante las constantes amenazas a nuestro trabajo periodístico y que continuaremos en la tarea de luchar contra la cultura del secreto que intentan imponer algunas autoridades estatales como parte de su práctica cotidiana”, señalan.