El MAS consuma su división en un contexto polarizado

Si algo ha marcado el año 2022 ha sido el conflicto interno del Movimiento Al Socialismo (MAS), un conflicto que parecía anunciado y que era negado precisamente por lo vulgar que sería, pues a casi todos los presidentes carismáticos de la región que nombraron sucesor acabaron peleados, como Rafael Correa y Lenín Moreno en Ecuador, por ejemplo, o Uribe y Santos en Colombia, pero el tiempo ha acabado confirmando lo obvio: si nadie lo evita, el MAS camina hacia una escisión diferente a todas las demás, pues el duelo esta vez es entre el que controla el poder del partido y el que controla el poder del gobierno.

El asunto empezó como suelen empezar estas cosas. Luis Arce inició su segundo año de gestión, en noviembre de 2021, entre presiones de los sectores sociales pidiendo más espacios en los Ministerios, algo a lo que el presidente se negó. En enero, coincidiendo con la celebración del Día del Estado Plurinacional, las presiones tanto del sector más próximo a Evo Morales como del Pacto de Unidad, más cercano a David Choquehuanca, se elevaron a máximos y cambiaron de nivel, las críticas entre unos y otros se centraron ya en lo acontecido en 2019 y el rol tomado que jugaron los unos y los otros, incluso con intercambio epistolar.

En medio de aquella refriega y luego de que Arce volviera a ratificar a su gabinete se produjo el primer gran incidente dentro del MAS con nombre y apellido, protagonizado por el diputado Rolando Cuéllar, representante del “bloque Oriente” – enfrentado, por ejemplo, con Carlos Romero – quien pidió un Congreso Orgánico abierto para definir la presidencia del MAS, ocupada por Evo Morales desde hace años y única fuente de poder real del expresidente. Cuéllar fue expedientado y expulsado del MAS, y solo unos días el presidente Arce colgó una selfie sonriente con ese diputado calentando aún más el ambiente.

Las críticas arreciaron específicamente sobre el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo del Carpio, señalado desde el evismo desde antes, pero que se convirtió en “enemigo público numero 1” luego de unas declaraciones – en medio del interminable conflicto de los Yungas - en las que vinculó la coca del Chapare con el narcotráfico. La bancada chapareña encabezada por el senador Leonardo Loza pidió formalmente su cabeza y finalmente interpuso una interpelación en la Asamblea Plurinacional.

Entre la denuncia y la interpelación, en abril, tuvo lugar otro pasaje tórrido y una escalada en el conflicto, pues fue el propio Evo Morales quien encabezó el ataque al difundir unos audios en los que aparentemente oficiales de Umopar instruían no interferir en un operativo contra el narcotráfico y de los que indirectamente se hacía responsable al Ministerio.

Del Castillo no habló de ello y salió impune, pero aquel acto sembró la semilla de la división institucional en la bancada del MAS que tendría consecuencias meses después.

Arce siguió cerrando filas con Castillo, pero sí sacrificó a Freddy Bobaryn, coordinador de Movimientos Sociales y cercano a Choquehuanca, que había escrito claramente que la causa de la derrota de 2019 fue no respetar el referéndum de 2016 y detalló una ruptura de Evo con los sectores sociales. El cargo fue a parar a Gustavo Torrico, alias “Satuco”, inicialmente considerado dentro del ala dura del MAS y enrolado en el evismo.

Evo, sin embargo, no dejó de fustigar al ministro, en lo que parecía una lucha desproporcionada: todo un expresidente atacando al joven ministro, promocionado precisamente desde el ala de García Linera y Adriana Salvatierra, pues Del Castillo fue su oficial Mayor en el Senado.

El programa de Kawsachun

Uno de los últimos encontronazos tuvo lugar a finales de agosto en un acto de partido donde se extraviaron tres celulares, hecho del que Evo culpó directamente a Del Castillo por estar a cargo de la seguridad. Desde entonces surgió la leyenda del “Plan Negro”, un supuesto plan articulado desde diferentes dependencias del Gobierno Nacional para implicarle en asuntos turbios y sacarlo de la esfera de poder y que detalló en su programa de radio dominical en Kawsachun Coca, convertido ya en su medio oficial de comunicación, además de su cuenta de twitter.

En aquella época también se difundió el informe de la CIDH en el que se señalaba responsabilidad del gobierno en el caso del Hotel Las Américas, donde hablaba abiertamente de ejecuciones extrajudiciales. Morales acusó al ministro de Justicia Iván Lima de filtrar el asunto a la prensa y no tardó en pedir también su cabeza, y después, por extensión, la del ministro de Defensa Edmundo Novillo. Tanto Lima como Novillo también se consideraban en la esfera de confianza de Morales antes de ser nombrados por Arce.

La contra, a primeros de septiembre, se dio con la denuncia de coimas en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), a cargo del intercultural Henry Nina y parte del entramado Ministerial de Obras Públicas a cargo de Edgar Montaño.

Morales elevó de nuevo el tono en aquellas semanas y citó, por primera vez, al hijo del presidente Luis Arce y algunas denuncias que corrieron sobre su influencia en YPFB y YLB. Para algunos fue el parteaguas definitivo.

El censo y el poder legislativo

En la última parte del año, el conflicto por el censo del gobierno con Santa Cruz se cruzó con la renovación de las cámaras legislativas, lo que cortó definitivamente las relaciones entre las dos corrientes, “evistas” y “renovadores”, que el propio Evo Morales denominó “arcistas”.

Morales enfocó el conflicto asegurando que negociar cualquier cosa sobre el censo era restarle poder al “hermano presidente” y acabó denunciando un supuesto pacto de “gobernabilidad por impunidad”. Por el camino sus nominados a jefe de bancada en diputados y presidente de la Cámara perdieron el puesto y ganó – con apoyo de la oposición - Jerjes Mercado, claramente posicionado al lado de Arce y Choquehuanca. No sucedió lo mismo en el Senado, donde se mantiene Andrónico Rodríguez, lo que ha multiplicado los rumores sobre en qué lado se está posicionando el muchas veces denominado como sucesor de Morales.

La última batalla se dio el domingo 18 de diciembre, cuando el MAS orgánico organizó el tradicional Día de la Revolución Democrática y Cultural para conmemorar la primera victoria de Evo en 2005. Ningún miembro del gobierno, ya acusado de derechistas y más, fue invitado al acto y aunque el Ministerio de la Presidencia difundió un comunicado negando las diferentes acusaciones.

2023 será un año clave para el partido, pendiente de varios Congresos Departamentales y un Congreso Orgánico nacional que defina la suerte del partido, donde Arce también deberá posicionarse.

La crisis del Censo

Aunque el gobierno había comprometido en múltiples ocasiones el censo para noviembre de 2022, una crisis abierta en junio tiró toda la planificación abajo al apostar por actualizar toda la información cartográfica. En una mesa interinstitucional celebrada en julio se acordó retrasar la consulta y se propuso el 2024.

Santa Cruz, el departamento que más ha crecido desde 2012 y por ende, el más perjudicado con la actual distribución de recursos, no asistió a la reunión, pero después exigió que el Censo se realice en 2023. Sus instituciones secundaron un paro de 36 días.

El Gobierno no aceptó el adelanto de la consulta a 2023 pero sí permitió la elaboración de una Ley en la que se compromete a tener resultados del censo en seis meses, es decir, para septiembre de 2024 para iniciar la distribución de recursos y sobre todo, para aplicar la nueva geografía electoral en octubre de 2025.

Santa Cruz protagonizó dos cabildos multitudinarios, en el del 13 de noviembre se acordó crear una comisión que analice la relación con el Estado y formule una nueva propuesta. Esta vía ha sido descalificada por varios sectores al considerarla secesionista. El desafío está, en cualquier caso, formulado.

Un modelo económico sólido y amenazada

Bolivia es uno de los países con menor tasa de inflación del mundo en estos momentos – cierra el año cerca del 3 por ciento – incluso teniendo un crecimiento superior al 4 por ciento. La singularidad ha sido destacada por los organismos internacionales, y ciertamente, no es el resultado de la casualidad sino del modelo: el tipo de cambio fijo ha dado robustez a la moneda en tiempos de zozobra y las medidas aplicadas, también.

La subvención a los hidrocarburos es la medida clave para controlar la inflación junto a los programas de Emapa para proveer al mercado de insumos básicos, como la harina, que impidan el incremento de precios. También la regulación de la exportación. Con todo, la incertidumbre se asienta en 2023 luego del incremento de los tipos de interés y los problemas para colocar bonos soberanos.

Otros protagonistas

Áñez, sentenciada

La expresidenta Jeanine Áñez fue sentenciada por el caso Golpe de Estado II diez años de prisión acusada de incumplimiento de deberes y de tomar resoluciones contrarias a la Constitución. Curiosamente otros protagonistas de los sucesos de 2019 ni siquiera han prestado declaración.

Mesa sigue al frente

Ya cerca del ecuador de la legislatura, el expresidente Carlos Mesa sigue ejerciendo como jefe de la oposición de Comunidad Ciudadana aún con sus tiempos resquebrajados y el poco contacto con el resto de departamentos y líderes. Se prevé que en 2025 vuelva a liderar un partido de oposición.

Doria Medina, mejorando

Otro clásico de la política boliviana, Samuel Doria Medina, cedió la presidencia de Unidad Nacional después de toda una vida. Después informó que había superado un agresivo cáncer. Desde entonces mantiene un perfil más alto como empresario, aunque siempre cerca de la actualidad política.

Camacho, aprehendido (Adición digital)

El día 28 de diciembre la Policía cumplió una orden de aprehensión que tenía cerca de dos meses y trasladó al gobernador de Santa Cruz a La Paz por el caso Golpe I. En la audiencia cautelar fue remitido a prisión por cuatro meses. Hay eacción en Santa Cruz y se espera que crezca en enero.