Se cumplen 2 años del escándalo de los respiradores

En medio del escándalo por la compra de respiradores con sobreprecio para combatir la pandemia del COVID-19 y cientos de fallecidos por falta de esa máquina, el ministro de Salud de Jeanine Áñez, Marcelo Navajas, era destituido el miércoles 20 de mayo de 2020 y luego capturado por la fuerza pública. Ocurrió el mismo día.

Navajas, médico propietario de una clínica paceña con mayoría de asegurados de la embajada de Estados Unidos, ejerció el cargo menos de dos meses.

Los respiradores para unidades de cuidado intensivo llegaron al país apenas unos días antes en un vuelo procedente de España y estaban siendo distribuidos en hospitales del país hasta que se conoció que su precio era exorbitante.

Áñez autorizó la compra de 500 equipos. 170 llegaron al país y fueron adquiridos por casi $us 27.000 cada uno.

Los ventiladores producidos por la empresa catalana GPA Innova tenían un precio de fábrica de $us 7.194, pero la administración de facto pagó –a uno o varios intermediarios vinculados al propio gobierno en un evidente conflicto de intereses– más de $us 4,7 millones por las 170 máquinas.

Ese monto estableció que cada una le costó al Estado $us 27.000.

El gobierno de Jeanine Áñez decidió hacer esa compra directamente en España a través de su cónsul en Barcelona, David Pareja. Los medios de prensa aseguraron que la mandataria y el diplomático tenían un grado de parentesco.

La compra de los respiradores era el gran logro del gobierno que asumió pasando por alto la Constitución Política del Estado. La propia Áñez anunció en un acto público la compra de las máquinas, la primera adquisición de material médico para hacer frente al COVID-19 que había prometido.

El sobreprecio fue un problema, pero también el rechazo del personal médico a utilizarlos.

Los especialistas se quejaron públicamente y explicaron al país que los aparatos no eran de terapia intensiva sino de asistencia en emergencias, y por tanto resultaban inadecuados para atender a pacientes de COVID-19.

El modelo que adquirió Bolivia era básico, así que la empresa y los intermediarios ofrecieron cambiar las 170 unidades ya entregadas por el modelo apto para terapia intensiva, sin costo para el país.

Esta oferta despertó más sospechas.

El gobierno de Jeanine Añez, que lo bautizó como de “transición”, enfrentó la crisis sanitaria de forma caótica y “el aumento de muertes que siguió fue uno de los peores del mundo”, denunció en su momento el influyente The New York Times.

En enero de este año la Comisión de Fiscales de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción que investigó el caso Respiradores Españoles presentó la acusación formal contra ocho personas implicadas en la compra de los ventiladores pulmonares de la marca Respira Device.

Entre los acusados, todos ellos libres, figuran exfuncionarios del Ministerio de Salud, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) y dos personas particulares.

El Ministerio Público emitió la acusación formal sustentada en 22 pruebas testificales y 73 pruebas documentales colectadas a lo largo de la etapa preparatoria de la investigación.