ONU reconoce que vivir en un medioambiente limpio, sano y sostenible es un derecho humano

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció que vivir en un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano y exhortó a todos los países a trabajar juntos, en conjunto con otros actores, para implementarlo.

La resolución que estableció esta garantía fue aprobada con 43 votos de apoyo y cuatro abstenciones: Rusia, China, India y Japón. Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza auspiciaron el texto.

Costa Rica fue el principal impulsor de esta iniciativa, que destaca que el derecho a un medio limpio y sostenible está interconectado con otros derechos ya reconocidos en el derecho internacional, es decir que son de aplicación universal.

El Consejo también estableció, en una resolución separada, una nueva relatoría dedicada específicamente al impacto del cambio climático en los derechos humanos.

La resolución alienta a los países a crear capacidades para favorecer la protección del medio ambiente y cumplir por esta vía sus obligaciones en el campo de los derechos humanos, a intercambiar conocimientos entre ellos y adoptar políticas acordes con este fin.

Tras la adopción de los documentos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet exhortó a los Estados a tomar medidas audaces para dar efecto “rápido y real” al derecho a un medio ambiente saludable.

Señaló que la resolución debe servir “como trampolín para impulsar políticas económicas, sociales y ambientales transformadoras que protejan a las personas y a la naturaleza”.

Bachelet, quien había solicitado este reconocimiento desde hace tiempo, se mostró complacida por la “histórica” decisión del Consejo y afirmó que el derecho a un medio ambiente limpio “tiene que ver con la protección de las personas y el planeta: el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos”.

La Alta Comisionada consideró que la decisión del Consejo de Derechos Humanos rinde homenaje a décadas de arduos esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígenas, así como de las instituciones nacionales de derechos humanos, las empresas, los ambientalistas, los activistas y todas las personas que han abogado por el pleno reconocimiento internacional de este derecho.

Para los defensores de los derechos ambientales, Bachelet pidió que los estados los protejan y empoderen, recordando que el año pasado un número sin precedentes de ellos sufrieron ataques o fueron asesinados.