CC hace 7 observaciones a Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y habla de Estado policíaco

La Bancada de Comunidad Ciudadana (CC) hizo este lunes siete observaciones al proyecto de “Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales” aprobado recientemente en la Cámara de Diputados.

“Esta ley es uno de los peldaños importantes para la construcción del Estado policiaco que intenta el gobierno del MAS, donde la represión constituye la regla y el ejercicio de los derechos la excepción, conlleva un gravísimo riesgo para las actividades financieras, comerciales y civiles por los poderes extraordinarios de investigación y/o sanción que confiere a la UIF, Fiscalía, Ministerio de Justicia y Procuraduría General del Estado, que actúan como agentes de represión del Estado al servicio de intereses y móviles políticos”, manifestó el diputado de CC, Carlos Alarcón.

La norma fue aprobada el viernes tras 12 horas de tratamiento en la Cámara Baja, tiene como objeto establecer acciones y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y otras normas internacionales destinadas a prevenir, investigar, procesar y sancionar delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, así como implementar mecanismos de prevención contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales.

Alarcón manifestó que cada sector afectado debería hacer conocer sus observaciones y la Cámara de Senadores debería abrir audiencias públicas para que la población conozca realmente cuál es el alcance de la ley.

Observaciones

CC indica que desaparece su independencia e imparcialidad porque “incluye de manera subalterna a la fiscalía general del Estado, como un miembro, dentro de un Consejo Nacional, compuesto por siete miembros, 6 de los cuales son componentes del Gobierno Nacional”.

Atenta a la libertad de prensa porque “de manera general elimina la confidencialidad, secreto o reserva cuando la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras) requiera información dentro del marco de sus atribuciones. En caso de que la UIF requiera información a periodistas y/o medios de comunicación estos no podrán invocar la reserva de fuente”.

Por otra parte, otorga poderes sancionatorios a la UIF y a sujetos privados estableciendo así “un sistema de blindaje para el ejercicio abusivo de estos poderes por parte de las autoridades de supervisión”.

Alarcón señaló que la ley aprobada, por la mayoría del MAS, politiza las actividades de investigación y juzgamiento. “Involucra al Ministerio de Justicia y a la Procuraduría General del Estado en el inicio de las actividades investigativas, en la identificación y rastreo de bienes para incautación y decomiso, y en la participación activa dentro de los procesos ya instaurados, politizando la persecución penal del Estado”, sostuvo.

Otra de las observaciones que hace CC es que la norma en tratamiento incluye como sujetos obligados, entre los más destacados, a toda persona o empresa que se dedique a las diferentes actividades económicas.

Sostiene que otorga “súper poderes” de investigación a los fiscales, sin intervención judicial oportuna y eficaz. Por último, apunta que “establece el juzgamiento en rebeldía con asignación de un defensor de oficio en abierta contradicción con los principios constitucionales de la defensa en juicio y de la igualdad de trato en un proceso judicial”.