Comunidad Ciudadana propone un acuerdo político para modificar la justicia en corto plazo

El presidente de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, envió en las últimas horas una carta al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, donde propone un acuerdo político entre todas las fuerzas que tienen representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para reformar la justicia en un corto plazo.

La propuesta para reformar la justicia que plantea CC, son las siguientes: juicio de responsabilidades contra el Fiscal General del Estado, Ley de modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público, designación por la ALP de: Fiscal General y Fiscales Departamentales, reforma Constitucional para modificar el sistema de elección de los magistrados del Órgano Judicial y derogación del Decreto Presidencial Nº 4461.

Uno de los aspectos que motivó esta iniciativa y que fue resaltado en el informe del GIEI, es que el sistema judicial ha perdido legitimidad y no es posible salir de la crisis política y social con un sistema de justicia colapsado, sin credibilidad y susceptible de ser manejado por el poder político.

Asimismo, la carta señala que el contexto que vive el país es una oportunidad para encarar el  desafío de investigar y juzgar a los responsables de los hechos luctuosos de octubre y noviembre de 2019, con un Ministerio Público y un Órgano Judicial independientes, imparciales e idóneos.

“Comunidad Ciudadana propone que dicho Acuerdo sea suscrito por el Gobierno que Usted preside y por los tres partidos con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (…)”, dice la carta enviada por CC en una de sus partes.

Mesa señaló que está demostrado que una verdadera transformación de la justicia es posible, pues en 2019 ya hubo un acuerdo y se cambió al Tribunal Electoral Plurinacional y a los Tribunales Departamentales, que llevaron adelante las elecciones de 2020 y no se necesita más análisis porque el GIEI ha evidenciado la crisis del sistema judicial.

“Mantener las cosas como están representa un riesgo latente para todos los bolivianos, pues la pérdida de legitimidad del órgano judicial puede llevar a una mayor polarización, conflictividad, precarización de la democracia y debilitamiento del sistema democrático”, dijo Mesa.