Gobierno controlará la venta de oxígeno en el mercado mediante un plan nacional

El Gobierno aplicará un plan nacional para mantener un control estricto sobre la venta de oxígeno en el mercado, informó este miércoles el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, ante un incremento indiscriminado del precio de ese insumo médico demandado por algunos pacientes con COVID-19, según informí la Agencia Boliviana de Información (ABI).

“Acabamos de reunirnos con el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, y hemos diseñado un plan nacional conjunto que vamos a realizar a partir del día de mañana (jueves) justamente para controlar la venta del oxígeno en el mercado informal”, dijo en una entrevista con la radio Patria Nueva.

Explicó que en las últimas horas se evidenció el abastecimiento de oxigeno medicinal en hospitales de La Paz para la atención de esos pacientes, tras realizar un recorrido, pero que el problema está en los establecimientos donde se vende ese insumo al público, en un afán de duplicar el precio del metro cúbico.

Silva indicó que el metro cúbico a la venta y que fue aprobado por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud (Agemed) es de Bs 35, sin embargo, se detectó que estas personas lo venden a Bs 50, 70, 100 y 120.

Adelantó, que este plan conjunto se realizará en coordinación con la Policía, la Agemed, y el Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, por lo que se aplicarán las sanciones correspondientes.

Precisó que las sanciones van desde la clausura temporal o definitiva de estos establecimientos, hasta las económicas que van desde los 1.000 hasta 10.000 UFV, además de activar una acción penal directa por agio en el precio de ese insumo.

Por otro lado, advirtió que se encuentra en vigencia el Decreto Supremo 4452, aprobado el pasado 13 de enero de este año, que prohíbe a las clínicas privadas realizar cobros anticipados o pedir garantías para la atención de pacientes con COVID-19.

En esa línea, pidió a los afectados que denuncien esta irregularidad ante su despacho y los Servicios Departamentales de Salud del país, incluso ante los municipios, y la Policía.

“Es decir, se ha abierto un paraguas de protección a los consumidores y usuarios que se vean afectados por estos atropellos”, señaló.