Aguilar: No habrá más créditos si Áñez no pone en vigencia Bono de Bs 1.000

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Omar Aguilar aseguró este jueves en Sucre que la Asamblea Legislativa no aprobará más créditos hasta que la presidenta Jeanine Áñez ponga en vigencia plena la Ley de Creación de Bono Contra el Hambre de Bs 1.000, recientemente promulgada por la presidenta del Senado Eva Copa.

Dijo que los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial que suman 704 millones de dólares, van estar garantizados en 24 horas una vez la presidenta Áñez ejecute la ley que otorga ese beneficio a consecuencia de la crisis generada por el coronavirus.

Explicó que ambos créditos ya fueron aprobados por la Cámara de Diputados y solo resta el Senado donde el MAS tiene control absoluto para autorizar o rechazar nuevas solicitudes del Ejecutivo.  Aguilar manifestó que el Bono contra el Hambre solo demanda 450 millones de dólares y de acceder el Ejecutivo, la gestión transitoria tendría incluso un saldo de “platita”, según publica Erbol .

Dijo que ya no pecarían de tontos como la anterior vez cuando aprobaron un crédito y el gobierno se llevó el crédito a otro lado o como el crédito del FMI que ya se lo gastó el gobierno y lo único que busca el Ejecutivo es que la Asamblea regularice “lo que ya se lo gastaron porque no ya no planta en el Banco Central de Bolivia”.

“Si nosotros aprobamos en este momento, ellos se lo van a gastar la plata y no habrá dinero para pagar el Bono contra el Hambre, así que decirle claramente al gobierno una vez más: ponen en vigencia la Ley del Bono Contra el Hambre, aprobamos el crédito; no ponen en vigencia, no hay más créditos que van a ser aprobados por la Asamblea”, dijo el senador, según reporte  del periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.

Eva Copa promulgó en su calidad presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, luego que el pleno rechazara las observaciones de Añez. La ley dispone el pago único de un bono de Bs.1.000 a los bolivianos mayores de 18 años, que no tengan un salario tanto del sistema público y privado.