141 de los 340 municipios invirtieron solo Bs 185,6 MM en la emergencia de Covid

De marzo a julio,  141 municipios del país  invirtieron 185.806.041 bolivianos en  la atención de la emergencia por   Covid-19 mediante 1.357 adjudicaciones. Gran parte de los contratos se hicieron bajo la Normas Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB.SABS) y solo siete se basaron  en el Decreto Supremo 4174, que autoriza las compras directas excepcionales, segun una publicación de Página Siete.

Las cifras corresponden a la  iniciativa #Datactivate que liberó  una base de datos con 10.109   procesos municipales de contratación  que fueron publicados  en el Sicoes entre marzo  y  agosto. De ese total, 2.582 están  referidos a la lucha contra el coronavirus y fueron realizados por  193 municipios de los 340 del país. 

 Esta investigación logró acceder a 1.357 contratos de 141 municipios que  consignan los montos de las compras realizadas para la emergencia (ver infografía). El resto de las alcaldías no tiene convocatorias abiertas en el Sicoes. 

“No hemos revisado  cuáles son los municipios que suben los contratos  al Sicoes, pero  los que no están registrados es porque realizan contrataciones directas, cuyos procesos deben  entregarse a la Contraloría, porque todos están trabajando para atender la emergencia. Esta instancia seguro tiene más  contratos y  mostrará que hay una inversión mucho mayor en todos los municipios”, dijo el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Álvaro Ruiz.

El exalcalde de La Paz Juan Del Granado -quien enfrentó una de las emergencias  más grandes del país, la riada de 2002- señala que es difícil saber la cantidad de contratos y los montos invertidos por  las alcaldías  en esta pandemia. Apunta que  de los 340 municipios del país, no todos están en el mismo rango de  riesgo, por lo que las acciones que asumen también son diferentes.

“Creo que tiene que ver mucho con la gran cantidad de municipios, especialmente rurales, que están en riesgo bajo, por lo que no tienen grandes urgencias. Por otro lado, hay también una institucionalidad muy poco preparada para asumir los riesgos y, por tanto, activar los  mecanismos como  las declaratorias  y contrataciones de emergencia, además de la adecuación de  toda la estructura municipal para la atención de riesgos”, explicó.

Del Granado sostuvo que tras la riada de 2002 La Paz se convirtió en uno de los municipios más preparados para responder a una emergencia de tipo geológico. Esto ayuda -dijo- a que ahora se  tomen medidas acertadas.

El 61% de los contratos fueron hechos por la modalidad de  excepción, de ellos, el  33,5% fue para la adquisición de bienes. El 79,8% de esos procesos ya fue adjudicado.

Los objetos de contratación  van desde la impresión de recetarios y alimentos  hasta la compra de equipos médicos e insumos de limpieza y de laboratorios para diagnóstico. Termómetros, barbijos, ecógrafos, mobiliario para habilitar camas en los hospitales o centros de aislamiento son solo algunos de los ítems.      

Según los datos de las contrataciones, a nivel departamental, las alcaldías paceñas fueron las que más invirtieron con un total de 50,5 millones de bolivianos. Le siguen  los municipios  cochabambinos con  50,5 millones adjudicados y los tarijeños con 25,63 millones. 

A nivel de  capitales más El Alto, los contratos  contabilizados  llegan a 314 de nueve ciudades. Cobija no registra convocatorias, pero sí lo hacen otros municipios del departamento de Pando.

Estos contratos en total significan una inversión de 70,7 millones de bolivianos. Con 105 procesos, la Alcaldía de Cochabamba es la que tiene mayor cantidad de adjudicaciones; pero la que más invirtió en esta muestra es la comuna de El Alto, con 24,9 millones de bolivianos en 12 contratos. Sus compras por montos más fuertes corresponden a equipos médicos y alimentos para apoyo a la población y personal policial.

La norma

Pese a decreto que declara la emergencia y autoriza las compras directas para su atención, solo el 0,83 % de las contrataciones se realizó bajo esa normativa. 

“Hay desconocimiento en algunos municipios  y esto puede generar temor. Tomará su tiempo hasta que los técnicos encargados  conozcan la norma”, señaló Ruiz.

“En situación de emergencia es cierto que hay recelo por estas contrataciones, porque se puede incurrir en errores por un proceso mal hecho o porque a veces se abre las puertas a la corrupción”, explicó Del Granado.