Beni: la catástrofe humana y la política pública

Con 16 muertes por cada 100 mil habitantes, Beni tiene la tasa de mortalidad departamental más elevada del país desde que la Covid-19 se registró en el país. Pero no solo es la más elevada, sino que es cuatro veces mayor a la que existe en el departamento que le sigue (Santa Cruz).

Esta situación da cuenta de la poca o nula preparación que existió en el departamento beniano para enfrentar la pandemia en los últimos meses. Pero también es consecuencia de una política pública de muchos años, que prácticamente dejó en el olvido la inversión social destinada a mejorar la salud en Beni.

Para profundizar al respecto se contactó con el investigador de CIPCA, Martín Gabriel Torrico Zas, quien está en la ciudad de San Ignacio de Mojos. Este investigador señaló, en referencia a lo que sucede en esa región, que no exagera al usar “la palabra tragedia, porque hay lugares donde el nivel de contagios se ha descontrolado”.

La tragedia

Son conocidas las deficiencias del registro oficial de casos de contagio de Covid-19, ya sea porque se realizan principalmente a personas con síntomas graves ‒no a asintomáticos‒, por la falta de pruebas en varias regiones o por los falsos negativos.

Por este motivo es que la “tasa de mortalidad”, es decir, el trágico registro del número de fallecidos con respecto a una población determinada, es el indicador que permite dimensionar con mayor certeza el impacto de la pandemia.

Solo tres departamentos del país tienen un registro que supera a 1 fallecido por cada 100 mil habitantes debido al coronavirus: Oruro, Santa Cruz y Beni ‒con 2, 4 y 16 fallecidos por 100 mil habitantes, de manera respectiva‒.

La llegada del virus ha puesto en evidencia la precaria situación sanitaria del departamento beniano. La falta de médicos, hospitales rebasados, escasez de insumos sanitarios y medicinas, poca infraestructura adecuada. Todos estos elementos quedaron al descubierto.

Torrico Zas, señala que uno de los problemas fundamentales fue el “supuesto silencio epidemiológico” sostenido por el SEDES de Beni durante más de un mes, “cuando la sospecha ‒que tenía mucho de cierto‒ era que los casos ya estaban circulando en el departamento (…). Ese hito marca el elevado número de casos y la tragedia que se está viviendo hoy”.

Y continúa: “la capacidad de planificación del SEDES ha sido completamente nula (…), en algún sentido no se podría hablar ni siquiera de un sistema de salud como tal, porque la falta de planificación, (…), la falta de preparación en las regiones para enfrentar el virus, han llevado a que el SEDES no pueda evaluar este tipo de falencias y poner algunos pivotes que puedan ayudar a estructurar una respuesta más efectiva”.

Las consecuencias han sido tan graves que en la ciudad de trinidad se ha implementado un cementerio específico para enterrar a los muertos de esta enfermedad. “Hay personas que están muriendo en sus casas pero que han sido enterradas en el cementerio Covid, por sospecha de portar el virus, pero que todavía no han sido diagnosticadas con el virus”, señala el investigador.

Situación ‒observada también por otros medios de comunicación‒ que pone en entredicho los datos oficiales y que, de confirmarse, acrecentaría de manera dramática las cifras de la ya elevada tasa de mortalidad del departamento.

Con todo, el problema central es que “hay un vacío gigante en el tema de la atención, personas que han llegado en un estado tan crítico pero que no hay podido ser atendidas, a pesar de que han asistido a los servicios de salud, han tenido que volver a sus casas, para morir en sus casas”.

Un departamento envuelto en la pobreza

Para entender la situación crítica que vive el Beni es importante dar cuenta de las condiciones del departamento, supuestamente uno de los más ricos en biodiversidad pero signado por la pobreza social. Beni es el tercer departamento que tiene mayor incidencia de pobreza monetaria del país ‒40% de pobreza y 19,3% de pobreza extrema‒, solo superado por Chuquisaca y Potosí.

Esta situación se complejiza aún más si se considera la pobreza multidimensional ‒que incorpora las dimensiones de recursos, oportunidad, poder y voz, y seguridad humana‒. Según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, el departamento del Beni ocupa el segundo lugar del país en pobreza de este tipo.

“Beni (…), siendo una región agropecuaria y forestal, (…) presenta los mayores déficits en la dimensión de oportunidades debido, principalmente, a las severas limitaciones que enfrentan las personas para ejercer su derecho al trabajo, para contar con una vivienda de calidad y con servicios básicos mejorados”, señala el informe.

Esta situación económica, además, tiene mucho que ver con el modelo económico del departamento que, como señala el estudio histórico de la investigadora Anna Guiteras, se sostiene en la gran propiedad terrateniente relacionada con la ganadería.

Según el último censo agropecuario, pese a ser el segundo departamento más grande del país, en su territorio solo existen 20.000 Unidades Productivas Agropecuarias y se estima que de ese número, un 15% tendría acceso a casi el 90% de las tierras del Beni. En otras palabras, es la región con mayor concentración de propiedad de la tierra en el país.

Salud: el ítem olvidado

Además del complejo contexto socioeconómico del Beni, la catástrofe se explica mucho más si se tiene en consideración la frágil situación del sector salud en ese departamento.

Para ello basta con observar la tendencia decreciente del porcentaje de la inversión pública destinada a este ítem. Si para el año 2004 el 18% de la inversión pública estaba destinada a salud, en 2011 se redujo al 2%, para subir en los siguientes años a cifras que oscilaron en torno a un reducido 4%.

También es llamativo el poco incremento de infraestructura sanitaria en Beni durante los últimos 20 años. Si bien aumentaron los centros de salud, solo se añadió 1 hospital general en todo el departamento desde el año 2000, mientras que el número de puestos de salud disminuyó significativamente, según datos del INE.

Por lo anterior es que Torrico expresa su preocupación: “el equipamiento que existe [en San Ignacio de Mojos], en el Hospital 3 de noviembre, que no es el centro Covid pero que podría brindar algún equipamiento necesario, tiene apenas 5 balones de oxígeno, (…) no existe ni un solo respirador, ni de emergencia ni de terapia intensiva. Porque en ningún centro de salud de la provincia Mojos hay terapia intensiva”.

La producción que podría propagar el virus

En un reciente documento publicado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), se señala que diversas comunidades indígenas y campesinas, frente a la precaria situación sanitaria, han tomado la decisión de asumir medidas preventivas autónomas. Sin embargo, diversos procesos productivos, muchos de ellos ligados al extractivismo, ponen en riesgo dichas medidas.

“En las proximidades de Riberalta, el norte de La Paz y Beni, comunarios/as indígenas alertan que grupos mineros auríferos mantienen sus actividades de forma regular. En estos casos las comunidades han tenido limitaciones para denunciar los avasallamientos de estos grupos que se internan en sus ríos y territorios, vulnerando las medidas de auto-aislamiento. (…) En ningún caso han podido observar que cuenten con indumentaria de bioseguridad”, detalla dicho documento.

Como señala Martín Torrico, situación similar se estaría viviendo en zonas ganaderas del Beni, donde la producción de carne ha continuado sin ningún tipo de control de bioseguridad.

La frase

“Personas que han llegado en un estado tan crítico (…) han tenido que volver a sus casas, para morir en sus casas”.

Martín Gabriel Torrico Zas, Investigador de CIPCA