Pese a CPE, ven cláusula “anti exiliados” en reglas del TSE

Después de la polémica por la inscripción de la alianza “Juntos”, que pretende llevar como candidata a la Presidenta Jeanine Áñez, asistida por el texto constitucional pero cuestionada por sus declaraciones anteriores respecto al Gobierno, varias miradas se han vuelto hacia el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ante los temores de que cualquier falta de objetividad pueda acabar por embarrar unos comicios, los del 3 de mayo, que de por sí son complejos.

La principal crítica tiene que ver con que se mantenga en la Presidencia del Tribunal Supremo Electoral Salvador Romero, elegido personalmente por la Presidenta como vocal y posteriormente ungido como Presidente del órgano. En su defensa, sus simpatizantes alegan que fue elegido antes de que Áñez decidiera lanzarse en carrera, a lo que suman una “prestigiosa” hoja de vida.

Él mismo se pronunció el lunes al respecto: "Es importante destacar y recodar que ninguno de los vocales electorales, cualquiera sea el origen de su nombramiento o elección sea por el poder Ejecutivo, sea por la Asamblea Legislativo ninguno de nosotros es representante, delegado o portavoz de ningún poder del Estado en el organismo electoral" dijo en conferencia de prensa, para añadir que los siete vocales que forman el TSE asumieron sus funciones con la tarea de llevar adelante un proceso electoral "imparcial" frente a todas las organizaciones políticas e independientemente de los poderes del Estado.
Continuidad

Los candidatos a la Presidencia deben haber vivido cinco años continuos en Bolivia; los asambleístas dos en su circunscripción
"El organismo electoral se ha comportado de esa manera y lo continuará haciendo para garantizar el bien fundamental de este proceso electoral que es la pureza del sufragio", señaló.

Cláusula de “exiliados”

Sin embargo, a partir de la presentación del reglamento de presentación de candidaturas, se han denunciado algunos aspectos que parecerían tener objetivos particulares y beneficiar a algunas formaciones frente a otras, pese a que recientemente la CIDH observó este último aspecto.

“Además de los requisitos establecidos en el parágrafo anterior, para acceder a la candidatura a la Presidencia o Vicepresidencia del Estado se requiere contar con treinta (30) años de edad cumplidos al día de la elección, y haber residido de forma permanente en el país al menos cinco (5) años inmediatamente anteriores a la elección.

En el caso de las demás candidaturas, se requiere contar con 18 años de edad cumplidos hasta el momento de la elección y haber residido de forma permanente en el país, al menos dos (2) años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente”.

Tanto el requisito de los cinco años de residencia permanente para ser Presidente como la de los dos años para ser asambleísta tienen origen en la Constitución Política del Estado (CPE), por lo que el Reglamento viene a reiterar este aspecto. En la subnacionales de 2015, el TSE interpretó que los asambleístas no podían presentarse a cargos ejecutivos locales, al haber estado residiendo “fuera de su circunscripción”. El Comité Interamericano de Derechos Humanos determinó una vulneración de derechos políticos de los afectados.

Después de varios años fuera del país, han regresado a Bolivia sujetos políticos que se marcharon en la primera etapa del MAS, cuando se libraron duras batallas sobre la autonomía y la Constitución, por ejemplo.

Entre los retornados, hay quienes han manifestado intenciones de participar en política, como Manfred Reyes Villa, a quien el Gobierno le ha recordado sus causas pendientes con la Justicia o el propio Branco Marinkovic, que no descartó ser candidato. Enemigo acérrimo del actual Gobernador y jefe de Demócratas, Rubén Costas, el reglamento salvaguarda estos intereses.

Otros, como el exgobernador de Tarija Mario Cossío, que de momento no ha planteado intenciones concretas de candidatear, tampoco podría hacerlo para las nacionales ni para las subnacionales en el caso de que se aplique el mismo reglamento.

Otro caso simbólico y a resolver es el de Luis Arce Catacora, quien según señaló en su propia cuenta de Facebook salió del país el 6 de diciembre de 2019 con un salvoconducto tras haber estado resguardado en la embajada de México. Posteriormente reapareció en Buenos Aires y mañana reingresa al país, según anunció, para comenzar su campaña.

El TSE, en este caso, deberá interpretar si ha habido una ruptura de continuidad en los cinco años anteriores.
La renuncia de autoridades electas, a debate
El reglamento del TSE también advierte que es obligatoria la renuncia “para los casos comprendidos en el artículo 238 de la CPE”, sin embargo, varias agencias del Estado han empezado a cuestionar eso en base a la resolución anterior del TCP, en la que se permitió candidatear, por ejemplo, a Félix Patzi sin renunciar a la Gobernación o a Óscar Ortiz, que hasta hoy sigue como Asambleísta.

La Procuraduría se ha manifestado a favor de mantenerlo y está pendiente la resolución del TCP sobre este asunto antes del 3 de febrero. Luis Revilla, alcalde de La Paz y presumible candidato a la Vicepresidencia junto a Áñez, sería otro de los beneficiarios, poniendo de nuevo en tela de juicio la independencia del TSE.