El ‘sistema’ permite la tortura, Policía es la más denunciada

Un informe de la Defensoría del Pueblo de la gestión 2018 señala que la Policía Boliviana fue la institución que recibió la mayor cantidad de denuncias por casos de tortura con 529 registros, seguida muy de lejos por las Fuerzas Armadas con 78 casos.
Para Andrés Gautier, miembro del Instituto de Terapia e Investigación de Secuelas contra la Tortura (ITEI), la policía en combinación con la justicia en la actualidad ha renunciado a la ambición de investigaciones serias, científicas, para optar por los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
“Quiere decir que el sistema está hecho para tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes; la mentalidad de la fiscalía y la justicia no es de descubrir la verdad, de tener pruebas e indicios debidos para pedir la detención” aseguró Gautier.
De 2016 a 2018, los casos de tortura sumaron 74 en la ciudad de La Paz, seguido por El Alto con 47 casos, Tarija con 44 y Cochabamba con 20, entre los más importantes, según el registro de la Defensoría del Pueblo. Respecto a la situación de los procesos por tortura, en los tres años 220 casos fueron admitidos, 81 gestionados, 27 orientados, tres rechazados y uno registrado. No se conoce de ninguna sentencia, por lo que la impunidad llegaría al 100% en estos casos. Pese a que según el registro de la Defensoría hay una tendencia a la baja de la cantidad de denuncias, para el ITEI con Gautier los casos de tortura han subido.
“Yo pienso que ni saben (la policía y la fiscalía) lo que es hoy una investigación seria, una investigación científica, lo que es una ética científica de la búsqueda de la verdad, entonces cuando tiene al supuesto culpable, se echan sobre él como predadores porque quieren obtener una confesión, quieren mostrar que son eficaces, que han descubierto a los culpables, y ahí todos los medios son posibles”, apuntó.
Para el ITEI, la policía y los fiscales siguen utilizando la tortura como método de investigación.
Dijo que en los casos “calientes”, cuando éstos se hacen mediáticos, debido a la “posición de sumisión a intereses no judiciales y a la corrupción, fiscales, jueces y policías se entienden muy bien para detener y presionar (a posibles implicados) para obtener una confesión”.
“Lo que es llamativo en varios casos que hemos tratado, es que interviene la policía para ablandar sicológica o físicamente a la persona, y después tiene que hacer el investigado una declaración ante el fiscal, pero primero pasa por una policía que lo intimida con atacar a la familia, le dicen: ‘mejor hablas, sabemos que tú eres el culpable’, todo lo hacen sin pruebas, sin investigación”, apuntó. Afirmó que en este escenario los métodos de tortura pueden ser los clásicos: golpes físicos más tortura sicológicos, y hace parte de la tortura sicológica detenerlos, decidir la detención preventiva, y “hay un abogado que sin estudiar el caso le propone ir al juicio abreviado; no hay respeto a la presunción de inocencia”.
El ITEI de 2016 a 2018 atendió 44 casos de tortura en internos que están en detención preventiva por más de seis meses; “lo que significa destrozar la vida profesional, la situación económica” de la persona.
Además, atienden 10 casos donde los detenidos llevan más de seis años en la cárcel, “donde financieramente están quebrados, donde ni un abogado quiere defenderlos y están sin esperanzas de salir libres”.
“A base de una simple denuncia, sin ser probada, una persona puede caer en la cárcel, es una situación dramática, desesperante, y donde la mayoría de los abogados se aprovechan porque la persona desesperada en detención preventiva va a buscar a alguien que la defienda, le va a sacar plata a esta persona, y cuando ya no tenga nada se despide y lo deja a su triste suerte”, apuntó.
Para Gautier se trata de un “círculo vicioso” y donde la Defensa Pública sigue el mismo juego: no se interesa de saber la verdad y de pelear por una verdad.