Procurador niega uso político de caso Quiborax en contra de Mesa

El procurador general del Estado, Pablo Menacho, negó ayer domingo un posible uso político del caso Quiborax en contra de la imagen del expresidente Carlos Mesa e insistió que la exautoridad incumplió normas para expulsar a la empresa chilena del Salar de Uyuni.

“Esto nada tiene que ver con temas electorales porque no es la Procuraduría la que está sacando este (caso) del sombrero”, respondió Menacho, después de que Mesa aseguró que con la denuncia en su contra por el caso Quiborax se confirma que el Gobierno impulsa una estrategia de demolición de su imagen por considerarlo un enemigo político para las próximas elecciones.

Menacho, en una entrevista con medios estatales, remarcó que la principal responsabilidad de Mesa es el haber incumplido el artículo 3 de la Ley 2564.

“Ese artículo tenía tres mandatos. Primero decía que el Poder Ejecutivo (es decir el gobierno de Mesa) tenía que llevar adelante seis auditorías jurídicas y si esas seis auditorías jurídicas demostraban que la empresa que explotaba minerales (en el Salar) estaba incumplimiento la Ley, se tenía que declarar la nulidad de sus concesiones mineras”, sostuvo.

Además, las seis auditorías y posterior declaratoria de nulidad se tenía que hacer en un periodo de 60 días desde la emisión de la Ley 2564.

“La Ley fue emitida el 9 de diciembre de 2003 y el plazo corría hasta el 9 de febrero de 2004, pero nada de esto ha pasado porque no se cumplió con las auditorías, no se cumplió con la declaratoria de nulidad y no se cumplió con ese plazo de 60 días”, destacó.
Y, recién el 23 de junio de ese mismo año el expresidente Mesa emitió el Decreto Supremo 27589 para revocar las concesiones de la empresa.

“Pasaron cuatro meses, ya estaba fuerza del plazo de lo que establecía el artículo 3 de la Ley 2564 y ya no tenía la posibilidad de hacer (la medida que tomó) en función al artículo 3, (por tanto) revocó de manera ilegal las concesiones mineras en ese momento”, señaló.
Entonces, según Menacho, por eso es que surgió ese 23 de junio de 2004 la controversia con la empresa.

“En julio, apenas un mes después de la revocación de las concesiones, la empresa Quiborax ya le anunció a Mesa (que hará una demanda) y se lo volvió a reiterar en octubre de ese año”, indicó.

Agregó que luego, en la gestión de Eduardo Rodríguez Veltzé, se abrogó el decreto de Mesa “por deficiencias jurídicas insanables porque se entendió que era completamente ilegal”.