Jubileo: 26 de las 100 áreas de exploración petrolera abarcan dos o más departamentos
La Fundación Jubileo observó que 26 de las 100 áreas reservadas a favor de YPFB para exploración y explotación de hidrocarburos, mediante Decreto Supremo 3107 de marzo 2017, abarcan uno o más departamentos en superficie. “Las áreas compartidas no necesariamente implican reservorios...
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La Fundación Jubileo observó que 26 de las 100 áreas reservadas a favor de YPFB para exploración y explotación de hidrocarburos, mediante Decreto Supremo 3107 de marzo 2017, abarcan uno o más departamentos en superficie.
“Las áreas compartidas no necesariamente implican reservorios compartidos, este aspecto es determinado posteriormente mediante actividades de exploración y perforación”, aclaró el experto de Jubileo, Raúl Velásquez.
El especialista en temas energéticos dijo que el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez y YPFB saben de las áreas que abarcan más de un departamento. “Aspectos como los límites departamentales deberían estar claros antes de iniciar actividades de exploración, producto del dialogo que debería existir con los departamentos involucrados”, señaló.
La recomendación surgió a propósito del conflicto entres dos departamentos en torno al campo Incahuasi, que tras dos estudios técnicos determinó que le pertenece al 100% al departamento de Santa Cruz y no así a Chuquisaca.
En una explicación más detallada sobre la conceptualización dijo que puede emplearse el término bloque o área para referirse a determinada superficie y el subsuelo correspondiente, sobre los cuales las empresas participantes (el titular) están autorizadas a realizar operaciones petroleras.
El área de contrato puede contener uno o más campos, entendidos como extensiones en el subsuelo donde existe uno o más reservorios de hidrocarburos, en una o más formaciones en la misma estructura o entidad geológica.
El reservorio en cambio, es entendido como uno o varios estratos bajo la superficie que producen o son capaces de producir hidrocarburos, con un sistema común de presión en toda su extensión, en los cuales los hidrocarburos están rodeados por roca impermeable o agua.
Bloques compartidos
El bloque Nueva Esperanza es compartido por La Paz y Beni; Sena, Bella Vista, Santa Rosa y Enero por La Paz y Beni; Lliquimuni por La Paz y Cochabamba; Toledo por La Paz y Oruro; Garci Mendoza, Río Mulato por Oruro y Potosí; Sécure zona 20 por La Paz y Beni y San Ignacio por Beni y Santa Cruz.
Del mismo modo El Chore, Puerto Grether, Azero, Iñau, Carohuaicho 8 D y Vitacua so bloques compartidos por Santa Cruz y Cochabamba; Aguaragüe Norte por Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija; Boyuibe, Yoai y Miraflores por Chuquisaca y Santa Cruz; Carandaiti por Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija; además de Isipote, San Martín y Huacareta por Tarija y Chuquisaca.
Incahuasi sentará jurisprudencia
La investigadora Sandra Sánchez afirmó que el reglamento para determinar la existencia o no de los reservorios compartidos entre dos o más departamentos, así como la determinación y aplicación del factor de distribución del 22 de agosto de 2012 permite establecer un procedimiento técnico y administrativo para los casos de bloques compartidos y resolver posibles conflictos por la propiedad de un determinado reservorio.
En ese marco cuestionó que en medio del conflicto por el campo Incahuasi entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca se haya determinado un segundo estudio, cuando ya había uno primero que arrojaba resultados por la consultora canadiense GLJ.
Advirtió que el caso Incahuasi marcará precedente sobre el manejo de conflictos por reservorios, por lo que es necesario tomar decisiones técnicas antes que políticas.
La investigadora señaló que en el proceso del estudio la Gobernación de Chuquisaca no hizo conocer sus cuestionamientos a los límites geográficos que sirvieron de base para establecer la extensión del reservorio de Incahuasi.
“El estudio que es de georeferenciación debe tomar en cuenta los límites geográficos departamentales proporcionados por la entidad competente -eso es clave- y hay una segunda etapa que establece que los departamentos involucrados que así lo consideren a través de sus gobernaciones pueden realizar el control y monitoreo de la ejecución del estudio contratado por YPFB”, señaló.
En caso de existir observaciones técnicas por las gobernaciones en disputa, estas son remitidas a YPFB que debe poner en conocimiento a la empresa contratada para que absuelva todas las dudas antes de que se emita el informe final. “Ahí tienen un espacio para que las gobernaciones hagan observaciones y tienen acceso irrestricto a la información del estudio”, dijo.
Sánchez dijo que el reglamento prevé para el caso de campos compartidos, la contratación de una empresa con prestigio internacional para que defina la extensión del reservorio y entregue resultados en 45 días. “En el caso de la canadiense, YPFB pagó 200 mil dólares, no es poco”, señaló.
El 9 de agosto del año pasado, YPFB avaló el estudio técnico de los campos Incahuasi y Aquío, por el cual se confirmó que el 100 por ciento de reservorios de gas le pertenecen al departamento de Santa Cruz. Un segundo estudio realizado esta vez por la consultora Sproule confirmó los resultados del primer informe.
Sin embargo Chuquisaca rechazó los resultados de ambos estudios, se declaró en emergencia y está a puertas de realizarse un cabildo en el que se determinarán acciones para hacer prevalecer un supuesto derecho que aseguran tener sobre Incahuasi.
Tomado de ANF
“Las áreas compartidas no necesariamente implican reservorios compartidos, este aspecto es determinado posteriormente mediante actividades de exploración y perforación”, aclaró el experto de Jubileo, Raúl Velásquez.
El especialista en temas energéticos dijo que el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez y YPFB saben de las áreas que abarcan más de un departamento. “Aspectos como los límites departamentales deberían estar claros antes de iniciar actividades de exploración, producto del dialogo que debería existir con los departamentos involucrados”, señaló.
La recomendación surgió a propósito del conflicto entres dos departamentos en torno al campo Incahuasi, que tras dos estudios técnicos determinó que le pertenece al 100% al departamento de Santa Cruz y no así a Chuquisaca.
En una explicación más detallada sobre la conceptualización dijo que puede emplearse el término bloque o área para referirse a determinada superficie y el subsuelo correspondiente, sobre los cuales las empresas participantes (el titular) están autorizadas a realizar operaciones petroleras.
El área de contrato puede contener uno o más campos, entendidos como extensiones en el subsuelo donde existe uno o más reservorios de hidrocarburos, en una o más formaciones en la misma estructura o entidad geológica.
El reservorio en cambio, es entendido como uno o varios estratos bajo la superficie que producen o son capaces de producir hidrocarburos, con un sistema común de presión en toda su extensión, en los cuales los hidrocarburos están rodeados por roca impermeable o agua.
Bloques compartidos
El bloque Nueva Esperanza es compartido por La Paz y Beni; Sena, Bella Vista, Santa Rosa y Enero por La Paz y Beni; Lliquimuni por La Paz y Cochabamba; Toledo por La Paz y Oruro; Garci Mendoza, Río Mulato por Oruro y Potosí; Sécure zona 20 por La Paz y Beni y San Ignacio por Beni y Santa Cruz.
Del mismo modo El Chore, Puerto Grether, Azero, Iñau, Carohuaicho 8 D y Vitacua so bloques compartidos por Santa Cruz y Cochabamba; Aguaragüe Norte por Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija; Boyuibe, Yoai y Miraflores por Chuquisaca y Santa Cruz; Carandaiti por Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija; además de Isipote, San Martín y Huacareta por Tarija y Chuquisaca.
Incahuasi sentará jurisprudencia
La investigadora Sandra Sánchez afirmó que el reglamento para determinar la existencia o no de los reservorios compartidos entre dos o más departamentos, así como la determinación y aplicación del factor de distribución del 22 de agosto de 2012 permite establecer un procedimiento técnico y administrativo para los casos de bloques compartidos y resolver posibles conflictos por la propiedad de un determinado reservorio.
En ese marco cuestionó que en medio del conflicto por el campo Incahuasi entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca se haya determinado un segundo estudio, cuando ya había uno primero que arrojaba resultados por la consultora canadiense GLJ.
Advirtió que el caso Incahuasi marcará precedente sobre el manejo de conflictos por reservorios, por lo que es necesario tomar decisiones técnicas antes que políticas.
La investigadora señaló que en el proceso del estudio la Gobernación de Chuquisaca no hizo conocer sus cuestionamientos a los límites geográficos que sirvieron de base para establecer la extensión del reservorio de Incahuasi.
“El estudio que es de georeferenciación debe tomar en cuenta los límites geográficos departamentales proporcionados por la entidad competente -eso es clave- y hay una segunda etapa que establece que los departamentos involucrados que así lo consideren a través de sus gobernaciones pueden realizar el control y monitoreo de la ejecución del estudio contratado por YPFB”, señaló.
En caso de existir observaciones técnicas por las gobernaciones en disputa, estas son remitidas a YPFB que debe poner en conocimiento a la empresa contratada para que absuelva todas las dudas antes de que se emita el informe final. “Ahí tienen un espacio para que las gobernaciones hagan observaciones y tienen acceso irrestricto a la información del estudio”, dijo.
Sánchez dijo que el reglamento prevé para el caso de campos compartidos, la contratación de una empresa con prestigio internacional para que defina la extensión del reservorio y entregue resultados en 45 días. “En el caso de la canadiense, YPFB pagó 200 mil dólares, no es poco”, señaló.
El 9 de agosto del año pasado, YPFB avaló el estudio técnico de los campos Incahuasi y Aquío, por el cual se confirmó que el 100 por ciento de reservorios de gas le pertenecen al departamento de Santa Cruz. Un segundo estudio realizado esta vez por la consultora Sproule confirmó los resultados del primer informe.
Sin embargo Chuquisaca rechazó los resultados de ambos estudios, se declaró en emergencia y está a puertas de realizarse un cabildo en el que se determinarán acciones para hacer prevalecer un supuesto derecho que aseguran tener sobre Incahuasi.
Tomado de ANF
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