Piden que desapariciones se consideren como delitos

La representante de la Asociación de Apoyo a Familiares de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas de Santa Cruz (Asafavittp), María Rita Hurtado, aseveró el miércoles que exigirán a las autoridades nacionales que todos los casos de personas desaparecidas registradas en Bolivia sean consideradas como delitos de lesa humanidad en base de convenios y tratados internacionales.
“Se están recaudando las firmas para que no se archiven los casos pese a que existen acuerdos que determinan que la trata y tráfico son delitos de lesa humanidad que no pueden prescribir y menos cerrar las puertas a madres y padres desesperados que por años buscan a sus hijas e hijos y cuyos indicios muestran que fueron víctimas de estas redes delincuenciales”, dijo en un diálogo con la ABI.
Según Hurtado hay varios casos que no han sido considerados por la Policía y la Fiscalía como delitos de trata y tráfico y que marchan camino al archivo.
La decisión de abandonar la investigación se registra de manera recurrente pese a la existencia de indicios fruto de la investigación de familiares o allegados de las víctimas trata y tráfico de personas.
“Hay el caso de una niña en La Paz, Juliva Nina Ramos, que quieren archivarlo pese a los indicios que existen de que la manejaban de prostíbulo en prostíbulo; es algo que no podemos permitir, que nuestras propias autoridades no velen por la seguridad de nuestro hijos”, reclamó.
La desaparición de personas, en especial de niños y adolescentes, es un problema que día a día crece en medio de la impunidad y el accionar de redes de tratistas y traficantes que se esconden detrás de perfiles falsos de redes sociales o por vía de infiltrados, en su mayoría también adolescentes o jóvenes, que sirven de intermediarios de este crimen.
Luego de captar a sus víctimas con engaños a través de las redes sociales, los tratistas les hacen seguimiento en las unidades educativas, universidades o domicilios para después llevarlas con engaños con fines explotación sexual, laboral, tráfico de órganos y esclavitud.
Posteriormente, con engaños y dándoles comodidades posibles las encierran y las ponen en situación de prostitución con la intención de sacarlas al exterior del país, en el caso de las mujeres y el narcotráfico o tráfico de órganos en el caso de los varones.
En la mayor parte de los casos, según denuncia Hurtado, la Policía reacciona 72 horas después de la denuncia y no de forma inmediata lo que dificulta seguir la pista a los criminales.
Al menos 970 personas han desaparecido en Santa Cruz y 23 casos de investigación consumada aún no son resueltos en la Fiscalía.