ITEI evidencia tratos inhumanos y degradantes al médico Fernández por parte del Estado

Para restaurar la justicia, al menos en este caso, el ITEI considera que se debería liberar a Jhiery Fernández y que el Estado boliviano asuma la reparación debida.

El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), evidenció tratos crueles inhumanos y degradantes en contra del médico Jhiery Fernández por parte del Estado al no respetar su presunción de inocencia y condenarlo a 20 años de prisión en un juicio que no respetó las exigencias de un proceso propiamente dicho.

“El ITEI como varios medios de comunicación corroboró que no hubo una investigación seria previa a su detención y que tras la detención tampoco se encontró ninguna prueba fehaciente. Un caso tan mediático, que da cuenta de un crimen verdaderamente atroz, exigía un culpable. Es por eso que se deberían haber tomado todos los recaudos necesarios con tal de encontrar a la verdadera persona responsable, comenzando por una debida investigación científica”, se lee en el documento difundido por la institución.

En vez de eso, agrega, “se decidió condenar al Dr. Jhiery Fernández a 20 años de cárcel, después de un juicio que no respetó las exigencias de un proceso propiamente dicho. Es por ello que, en este proceso, se encuentra la máxima expresión de un sistema judicial ineficiente y hasta cínico en su proceder. A todas luces, el daño humano causado en este caso es imposible de justificar”, apunta.

Al omitir la presunción de inocencia, afirma el ITEI, se da lugar a una “alarmante cadena de incumplimientos a los derechos humanos”, situación que se aprecia en el caso del médico: presunción de culpabilidad; detención preventiva y exposición al linchamiento carcelario; condiciones carcelarias precarias; uso indebido de la investigación forense; tentativas de forzar una confesión de culpabilidad; incumplimiento del debido proceso; estigmatización en los medios de comunicación y ante la sociedad; retardación de justicia.

Esta cadena de malos tratos a Fernández, se califica en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura que Bolivia ha firmado y ratificado en 1998, como “tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes”, remarca el ITEI.

“Este tipo de accionar del Estado puede dejar secuelas psicosociales y físicas graves en el ser humano. Con la agravante de querer condenarlo a 20 años de privación de libertad, los malos tratos ya sufridos se transforman en un acto de tortura tendiente a destrozar una persona definitivamente”, subraya.

El ITEI reclama, que por lo general en la justicia, apenas se acusa a una persona ya se la declara culpable. “Es un procedimiento poco ortodoxo el que realiza la justicia, por decir poco. Aún con escasas evidencias, los acusados son privados de libertad en recintos penitenciarios donde se trata de hacerles confesar, ya sea con la promesa de una recompensa en el juicio abreviado, ya sea con métodos más hostiles. Al mismo tiempo, se buscan pruebas de su culpabilidad cuando tales pruebas tendrían que haber sido encontradas con el debido rigor profesional y científico, antes de la detención”.

En consecuencia, señala, como institución que investiga las secuelas psicosociales de la tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, y al haber realizado el peritaje psicosocial al médico Fernández, hace énfasis sobre los daños causados “por una justicia incompetente que no solamente está dañando gravemente a un ser humano, sino que en su afán de encontrar culpables, ha dañado de por vida a varios profesionales, metiéndolos en la cárcel, quitándoles su fuente de trabajo y estigmatizándolos socialmente”.

Para restaurar la justicia, al menos en este caso, el ITEI considera que se debería liberar a Jhiery Fernández, proceder a una investigación debida del caso Alexander con el juicio correspondiente, realizar una auditoría a todo el proceso judicial, enjuiciar a los responsables de los “tratos crueles, inhumanos y degradantes” y de tortura en contra del galeno, y que el Estado boliviano asuma la reparación debida al médico y a los otros profesionales involucrados arbitrariamente en el caso, en el marco de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.

El caso Alexander no justifica las desviaciones del debido proceso by Luis Fernando Cantoral on Scribd

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