Indígenas bolivianos denunciarán incoherencias del gobierno de Evo Morales ante la ONU

La Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey presentará documentación importante como aval de la denuncia que hace sobre la vulneración de sus derechos individuales y colectivos por parte del Gobierno del presidente Evo Morales en el 17º periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (UNPFII) en Nueva York, que se desarrolla desde el lunes 16 al viernes 27 de abril.

“Estamos yendo para dejar información con evidencia de cómo los Pueblos Indígenas de Bolivia no estamos siendo respetados en nuestras decisiones y visiones de desarrollo en nuestros territorios”, indica la Mancomunidad, a través de Ruth Alipaz.

Como paso a seguir, la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey junto con otras organizaciones de afectados por mega-proyectos en Bolivia además se encuentran tejiendo redes de articulación regional por esta problemática que está vinculada al extractivismo como modelo económico que se aplica en Brasil, Colombia, Perú y otros países de la región.

Por otra parte, el presidente Evo Morales Ayma también participará del UNPFII, en el que se debatirá como tema central: "Los derechos colectivos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos".

“Nosotros tenemos actividades más sostenibles y garantizan la soberanía alimentaria. No hay garantías de mantener nuestros territorios con el plan económico del gobierno basado en proyectos extractivistas sin tomar en cuenta nuestra pre-existencia ancestral ni mucho menos consultarnos”, indica la Mancomunidad desde Nueva York.

Los líderes indígenas en Bolivia han denunciado en diferentes ocasiones a lo largo de los pasados dos años que se sienten desprotegidos a pesar que existen convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas.

Los convenios internacionales no solo fueron suscritos por el gobierno boliviano sino también que Bolivia fue el primer país en elevar a rango de ley (Nro. 3760 en 2007) la declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas que es parte de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) aprobada el 7 de Febrero de2009, en los artículos 30, 304.I., 352 y 403, entre otros, los cuales versan sobre el respeto al derecho a ser consultados para el consentimiento, previo, libre, informado y de buena fe.

La Mancomunidad desde Nueva York informó que tiene planificado sostener reuniones bilaterales con la relatora especial de las Naciones Unidas para Pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, también se reunirá con los 16 expertos del Foro Permanente, será parte de la plenaria y hará una gira de presentaciones en los diferentes eventos que estén vinculados a estas problemáticas.

“Nuestro gobierno tiene el plan de construir el mega hidroeléctricas Chepete y El Bala, sin importar que hagamos los pueblos indígenas o como le exijamos que respete nuestros derechos. Están empeñados, a través de sus brazos operativos como Empresa Nacional De Eléctricidad (ENDE) en seguir violando derechos de nuestros pueblos y Naciones Indígenas y como directos afectados consideramos que el Foro UNPFII -lugar donde uno de los temas a tratar son los “Derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre tierras, territorios y recursos naturales”- se constituye en una inmejorable oportunidad para dar a conocer a nivel internacional sobre la situación de real amenaza y peligro en la cual nos encontramos no solo en la Amazonia Boliviana, sino también en el Chaco Boliviano con el proyecto Rositas”, explicó la representante de la Mancomunidad.

Situación actual sobre mega-proyectos en Bolivia

El pasado 2016 la estatal ENDE contrató a la empresa italiana GeoData para realizar estudios de pre factibilidad del proyecto Bala-Chepete sin haberse realizado una consulta previa, esto generó que los afectados directos por el megaproyecto se declarasen en estado de emergencia y empezaron manifestaciones de resistencia desde sus comunidades apoyados por movimientos autoconvocados emergentes en todo el territorio nacional.

En octubre del 2016 instalaron una vigilia de 12 días para expulsar de su territorio a GeoData logrando que la empresa subsidiaria “Servicons” retirara sus maquinarias.

A pesar de este rechazo legítimo de las comunidades ENDE firmó contrato con GeoData para la licitación internacional del mega-proyecto hidroeléctrico El Bala-Chepete, bajo el justificativo que la CPE de Bolivia prevé la Consulta Previa Libre e Informada solo para proyectos de energía no renovables. Según la experiencia de diferentes países de la región (Brasil y Colombia) y del mundo (EEUU y Canadá) este tipo de represas tiene una vida útil de aproximadamente 50 años por lo que no clasifica como energía renovable y requiere cumplir con la Consulta Previa Libre e Informada.

“ENDE ha procedido a cooptar a nuestros dirigentes en cada comunidad, dividiéndonos con falsas promesas de proyectos de desarrollo para así conseguir firmas de apoyo para continuar con los estudios para la construcción de estas mega represas”, señaló Alipaz.

“Es una imposición de mega proyectos con mega impactos a cualquier precio y costo que sumergirán ríos pequeños de agua dulce, envenenamiento del aire por la evaporación de aguas estancadas, generación de enfermedades, empobrecimiento de las zonas por cambios de vida, endeudamiento de los bolivianos porque no tenemos los recursos y se están prestando la plata para que la paguemos nosotros y nuestros tataranietos, por mencionar algunos costos”, señalan indígenas de la Mancomunidad, para quienes el gobierno hace oído sordos y no genera diálogos.

“No quieren escuchar ni a los indígenas, ni a los expertos, ni siquiera ver los datos que dicen los estudios de la empresa que contrataron, que estos mega proyectos hidroeléctricos no son factibles ni social, ni ambiental ni económicamente, ni hoy ni mañana ni nunca porque las tecnologías van avanzando y los bolivianos queremos seguir yendo en retrocesos”, indican.

En noviembre pasado el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza solicitó al Gobierno boliviano que “imponga una moratoria” a la propuesta de construcción de la carretera, puentes por el Territorio Indígena Isiboro Sécure (TIPNIS) y la posible exploración hidrocarburífera dentro o cerca de ese territorio.

El Tribunal indicó, desde Berlín, Alemania que recabarán mayores pruebas de los interesados en el tema, incluido el propio Estado Boliviano y analizarán las posibilidades de enviar una delegación que investigue en el país.

Aunque esta es una temática que marca la agenda de medios de comunicación en
Bolivia el gobierno se sigue esperando que el gobierno nacional socialice y
presente toda la información al respecto.